En los últimos días, la Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones de exfuncionarios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por una defraudación millonaria entre 2002 y 2013, con mayor foco durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El expediente judicial se inició en el año 2007 a partir de una denuncia anónima y quedó radicada bajo la órbita del fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien dictó los procesamientos en el año 2018. 

Los principales acusados en el expediente son los expresidentes del organismo, Liliana Mazure y Jorge Álvarez, mientras que el exdirector Jorge Coscia también estuvo procesado pero falleció antes de llegar a la instancia de debate oral. 

Para explicarlo sencillamente, el mecanismo del fraude consistió en la utilización del artículo 3, inciso J, de la Ley de Cine, una norma que permitía al instituto actuar como coproductor de proyectos declarados de interés cultural y aportar hasta el 70% del presupuesto total. 

En ese sentido, los exfuncionarios otorgaron el financiamiento basándose en una ley que carecía de la reglamentación adecuada, lo que facilitó la liberación de pagos arbitrarios a favor de tres empresas productoras privadas encargadas de realizar los contenidos audiovisuales. 

Lo curioso es que estas compañías cobraron la totalidad del subsidio sin rendir cuentas claras ni demostrar avances reales en las filmaciones correspondientes. 

Entre los proyectos más cuestionados por las auditorías se encuentra la serie documental titulada “La Historia de América Latina”, para la cual se firmó un convenio de financiamiento por un total de 63 capítulos, pero la productora cobró el dinero completo y entregó solamente 18 episodios. 

Otro de los proyectos bajo la lupa es la producción denominada “La misión de Aukán”, la cual recibió financiamiento y registró graves irregularidades en su ejecución y en la rendición de gastos. 

El perjuicio económico original totalizado al final del período investigado en 2013 ascendió a 16.6 millones de pesos, una cifra que al día de hoy equivale a sumas sustancialmente mayores debido al impacto de la devaluación y la inflación.

Según estimaciones, si se tiene en cuenta la inflación argentina y estadounidense y se hace una comparación en el tipo de cambio oficial, la defraudación a números actuales ascendería hasta los 4500 millones de pesos.

Tras una absolución, los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal consideraron que el fallo anterior era arbitrario y carecía de rigor legal. 

Los magistrados determinaron que los funcionarios del INCAA ignoraron su obligación de controlar el destino de los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico, permitiendo que el Estado pagara por adelantado sin exigir las contraprestaciones pautadas.