El Gobierno Nacional comenzó a avanzar en la concesión del Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7 cambiando completamente la gestión sobre este corredor bioceánico estratégico para la provincia.

El proceso de apertura de sobres bajo un modelo de inversión privada y sin subsidios del Estado de la Red Federal de Convenciones transformará completamente las reglas de juego de la política económica tanto local como nacional.

Desde un punto de vista meramente analítico, este cambio representará un alivio fiscal inmediato para la provincia, pero a su vez transferirá el costo de la infraestructura a los propios usuarios.

Para la administración del Gobierno de Alfredo Cornejo, el ingreso de inversiones privadas para la administración de unos 329 kilómetros representa un mecanismo por el cual la provincia terminará desentendiendose de las responsabilidades financieras.

Es que, históricamente, el mantenimiento de la alta montaña requirió partidas  presupuestarias más altas debido a la geografía hostil que destruye el asfaltado de forma sistemática por el congelamiento y los desprendimientos de rocas.

Al ceder la explotación por un lapso de veinte años al sector privado que proyecta una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares, el Gobierno local desactiva un foco constante de conflicto político entre la provincia y el Gobierno Nacional por la falta de giros de fondos para infraestructura vial.

Al mismo tiempo la provincia se verá beneficiada en el marco de los desarrollos mineros en la Cordillera, siendo que la conectividad garantizada  por el sector privado funciona como un subsidio indirecto ya que los grandes proyectos extractivos necesitan mover insumos pesados de forma constante.

La contraparte de ello es que el modelo recae directamente sobre la ciudadanía y los sectores productivos regionales a través de la modificación del financiamiento de la movilidad interna.

En tal contexto, la incorporación de nuevos peajes automáticos, que contarían con tecnología de flujos libres, harán que el acceso tanto cotidiano como recreativo sea más costoso por el pago obligatorio para la utilización de la vía. Es así que, tanto el ciudadano mendocino como los turistas, experimentarán una carga arancelaria, volviendo más costoso el ingreso a la alta montaña.

Por otra parte, el impacto sobre el transporte de carga internacional que fluye hacia Chile trasladará la estructura de costos, lo que generará una indudable presión al alza sobre puntuales precios de bienes e insumos dentro del consumo de Mendoza.

Pero hay otra discusión que comienza a darse en el plano político y, según pudo saber Diario Mendoza Today, se trata de un análisis sobre las proyecciones financieras de las empresas privadas que no contarán con un subsidio del Estado.

Con ello, lo que se estima es que el valor de los peajes deberá ser elevado para que las empresas puedan recuperar la millonaria inversión inicial en una zona donde el costo del mantenimiento se vuelve realmente oneroso.

Cabe destacar que los inversores hacen proyecciones financieras basándose en el volumen del tránsito y, por el impacto que  podría causar un elevado costo del peaje, se afectará la competitividad en el transporte de mercaderías.

De allí se desprende el principal interrogante: ¿Tendrá el sector privado la capacidad para sostener el ritmo de las obras, como la repavimentación integral y la reconstrucción del puente sobre el arroyo Uspallata, en caso de que ocurra una retracción del comerció internacional o una recesión que haga caer el flujo de camiones por el corredor?

En este escenario, Mendoza queda en el medio de un experimento económico cuyo éxito dependerá exclusivamente de la eficiencia en la regulación y la rentabilidad que logre generar con esta inversión el sector privado.

En otras palabras, la mejora en la seguridad vial, la previsibilidad ante contingencias climáticas y la modernización de los sistemas de cobro son los beneficios tangibles de una traza que promete estándares internacionales de circulación. 

Sin embargo, el equilibrio se definirá en la capacidad de la sociedad mendocina para absorber los costos de un servicio público privatizado, en un escenario donde el desarrollo de la infraestructura queda atado a la capacidad de pago de quienes transitan por el Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7.