El Gobierno nacional avanzó este fin de semana con la presentación formal de la iniciativa en la Cámara alta, que buscará eliminar el etiquetado de octógonos de los alimentos. El objetivo es dejar sin efecto la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, vigente en Argentina desde 2022, y sustituir el modelo vigente por un nuevo esquema de advertencias unificado con los países del Mercosur.

Desde el oficiaismo argumentan que tener un sistema de octógonos propio y distinto (con parámetros móviles de la OPS) genera asimetrías que perjudican a las PyMEs y traban el comercio bilateral con socios como Brasil o Uruguay.

El proyecto lleva las firmas del presidente ,Javier Milei; el jefe de Gabinete ,Manuel Adorni; y el ministro de Salud Mario Lugones. El texto oficial también elimina las restricciones vinculadas a la publicidad dirigida a menores, el uso de personajes infantiles en envases y las limitaciones aplicadas en escuelas y entornos educativos.

Las razones que expone el Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su derogación total. Uno de los principales argumentos oficiales apunta contra el modelo nutricional utilizado por la ley, basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según el Gobierno, el sistema aplica criterios homogéneos sobre alimentos muy diferentes, sin considerar las porciones reales de consumo ni la densidad nutricional de cada producto.

De acuerdo al texto enviado al Congreso, esto provoca situaciones confusas para el consumidor, ya que algunos alimentos tradicionales o considerados saludables terminan recibiendo advertencias similares a las de productos ultraprocesados.

Las críticas a los octógonos y el impacto en la industria

La Casa Rosada también cuestiona el carácter “binario” del sistema actual. Bajo la normativa vigente, un producto lleva sello o no lo lleva, sin contemplar mejoras parciales en la composición nutricional. Para el Ejecutivo, esto desalienta las reformulaciones graduales por parte de la industria alimenticia, ya que una reducción parcial de azúcar o sodio no modifica el etiquetado final.

Otro de los ejes del proyecto apunta a las dificultades operativas generadas por la falta de armonización regional dentro del Mercosur. El Gobierno sostiene que las diferencias regulatorias obligaron a muchas empresas a fabricar envases específicos para Argentina, generando mayores costos logísticos y productivos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Qué seguirá vigente si se aprueba la derogación

Pese a la derogación propuesta, el Gobierno aclaró que continuarán vigentes las obligaciones de información nutricional previstas en el Código Alimentario Argentino y en las resoluciones del Mercosur.

Esto implica que los alimentos seguirán mostrando tabla nutricional, valor energético, contenido de azúcares, grasas, sodio y listado de ingredientes. Lo que desaparecería sería exclusivamente el sistema frontal de advertencias visuales y las restricciones complementarias establecidas por la Ley 27.642.

Un debate que vuelve al centro de la escena

La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada en 2021 y reglamentada durante 2022, en línea con modelos implementados en países como Chile, México y Uruguay.

Mientras organizaciones médicas, nutricionistas y asociaciones de consumidores sostienen que los sellos mejoran las decisiones de compra y fomentan reformulaciones más saludables, sectores empresariales cuestionan su impacto económico y consideran que el sistema simplifica excesivamente la información nutricional.

El proyecto recién comienza ahora su recorrido legislativo y todavía deberá atravesar el debate en comisión y la votación en ambas cámaras del Congreso.