La Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) respaldó formalmente un reclamo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) presentado ante el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, con el fin de frenar la traba de embargos contra las empresas.

Las entidades gremiales empresarias manifestaron su preocupación debido a la reciente aceleración de estos procesos judiciales en el contexto de acciones de cobro compulsivo desplegadas por el fisco nacional. En la presentación, solicitaron que se instruya a las áreas legales del organismo para evitar estas medidas precautorias y, en su lugar, se flexibilicen las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago que faciliten una regularización voluntaria.

A propósito de la compleja situación del sector privado, el presidente de la UCIM, Juan Viciana, enfatizó la gravedad de la coyuntura local y advirtió que el tejido productivo regional no resiste mayor presión. En un comunicado, el dirigente provincial remarcó la necesidad extrema de proteger las estructuras laborales existentes al asegurar: “No nos podemos dar el lujo hoy en la Argentina de perder ninguna empresa. Al contrario, tenemos que ganar empresas”.

Asimismo, el referente mendocino argumentó que el país se encuentra en índices de cantidad de empresas cada mil habitantes de los más bajos del mundo, por lo cual consideró que las autoridades deben “trabajar forzosamente para recuperarlas y no darnos el lujo de perderlas, tengan la dificultad que tengan”.

En la misiva elevada a la conducción del ente recaudador, las autoridades de la CAC reconocieron las competencias del Estado para perseguir las deudas impositivas, aunque cuestionaron de forma tajante el momento elegido para endurecer los controles. “No desconocemos que ésta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias”, expresaron.

La CAC se une al pedido

Por su parte, el presidente de la CAC, Mario Grinman, describió los diversos factores macroeconómicos que condicionan la supervivencia del comercio minorista y las pequeñas industrias en la actualidad. Al respecto, el directivo detalló que “particularmente las MiPyMEs atraviesan serias dificultades por la reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito”.

El empresario vinculó esta realidad a “desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional”.

Finalmente, el documento de las cámaras empresarias alertó sobre los peligros colaterales de congelar los activos bancarios de los contribuyentes en un contexto de caída del consumo. De acuerdo con el planteo técnico de las entidades, interrumpir de manera forzada el flujo comercial diario puede significar el agravamiento de las dificultades operativas hasta un punto irreversible para los comercios.

Bajo esa misma línea de análisis, concluyeron que para las firmas de menor envergadura, el ahogo financiero provocado por las medidas judiciales “podría ser un estímulo para que opten por la marginalidad” informal como mecanismo de supervivencia.