El Departamento General de Irrigación le aplicó a Aysam la multa ambiental más alta que se recuerde en Mendoza: cerca de $120 millones. El castigo llegó tras comprobarse vertidos clandestinos de líquidos cloacales sobre un canal de riego y descargas a cielo abierto en plena vía pública de Los Corralitos.

Detrás del episodio aparece, una vez más, la Colectora Máxima Noreste, la cañería troncal por donde circulan los desagües de unas 600.000 personas del Gran Mendoza. Su colapso volvió a exponer las fallas estructurales del sistema cloacal metropolitano.

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La sanción quedó formalizada en la Resolución 481, firmada el 11 de mayo, que resuelve el expediente caratulado “Vuelco cloacal Severo del Castillo y 2 de Mayo (Ramo 12)”. El monto se fijó en 100.000 Unidades Fiscales de Agua (UFA), el techo previsto por la ley provincial. La autoridad hídrica fundamentó la dureza del castigo en la suma de “múltiples factores agravantes”: daño ambiental comprobado, intervención sobre infraestructura pública y reiteración de las maniobras.

A esa cifra se le suman otras dos penalidades previas que ya pesaban sobre la empresa: una de $10.211.250 por vuelcos cloacales en la vía pública detectados el 25 de julio de 2025, y otra de $9.275.000 por descargas no autorizadas —ni siquiera notificadas— sobre el Colector Pescara.

Consultada por este medio, Aysam no había emitido, hasta el cierre de esta nota, una posición oficial sobre la sanción.

Una cronología de roturas, denuncias y muestras

La reconstrucción oficial elaborada por la repartición hídrica arranca el 5 de marzo. Según consta en el Acta de Inspección N° 48.236, ese día se recibió un llamado de la Inspección de Cauce Vertientes Corralitos. La denuncia era contundente: Aysam había vuelto a romper la pared del canal Ramo 12, sobre la calle Severo del Castillo.

La misma estructura, detalla el expediente, había sido reparada pocos días antes. La nueva fractura derivó otra vez en el escurrimiento de cloacas hacia el cauce de riego, una práctica expresamente prohibida por la Resolución 778/96 y sus modificatorias.

Ante el cuadro, Irrigación elevó una denuncia formal a la Oficina Fiscal N° 2, perteneciente a la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente. De esa presentación se desprendió el expediente judicial P-32247/26.

Once días más tarde, el 16 de marzo, inspectores volvieron a la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo. Allí constataron que la empresa estaba realizando trabajos sobre un colector cloacal y que, en el transcurso de la obra, la pared del Ramo 12 había cedido nuevamente. El acta oficial consigna que esa maniobra desvió líquidos cloacales crudos —sin tratamiento alguno— directamente al canal de riego.

El cuadro no se detuvo allí. El 18 de marzo, una tercera inspección verificó que el desborde seguía vigente. Técnicos del organismo realizaron entonces un muestreo bajo protocolo para medir el grado de contaminación. Los análisis de laboratorio confirmaron, sin margen de duda, la presencia de efluentes cloacales sin depurar con impacto directo sobre el recurso hídrico.

Un dictamen demoledor

Con toda la evidencia incorporada, el Departamento de Operación y Control de Calidad del Agua —dependiente de la Subdelegación de Aguas del Río Mendoza— redactó un informe técnico que luego fue ratificado por la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico. El documento calificó la conducta de Aysam como de “gravedad excepcional” por la acumulación de circunstancias agravantes.

El dictamen subraya, en primer término, que el vertido se concretó sin autorización previa, lo que viola la normativa vigente para cualquier descarga sobre cauces públicos. Además, denuncia una “intervención ilícita” sobre infraestructura pública, al haberse constatado la rotura deliberada de un canal impermeabilizado.

Según la autoridad hídrica, esa acción dañó la obra, modificó el régimen de escurrimiento y generó de modo intencional el punto de descarga cloacal.

Los técnicos también cuestionaron las medidas paliativas. Si bien en el lugar se observó un equipo de cloración, los estudios no encontraron rastros de cloro residual: las acciones de mitigación quedaron calificadas como “totalmente ineficaces”.

Otro punto señalado fue la omisión de aviso previo. Esa falta —remarcó el expediente— impidió advertir a los usuarios aguas abajo, activar protocolos de contingencia y resguardar eventuales usos agrícolas o poblacionales del canal afectado.

Con esa secuencia consolidada, la repartición cerró su análisis en términos inusualmente severos. Habló de un “vertido clandestino de extrema gravedad”, con daño directo al recurso hídrico público, y atribuyó a Aysam una conducta “reiterada, dolosa y agravada”. El propio dictamen dejó asentado que el episodio “excede completamente los supuestos ordinarios de sanción”.

La multa más alta posible

El caso quedó encuadrado en la categoría más grave que contempla la Ley Provincial 9.589, la norma que rige las sanciones por uso y contaminación del agua en Mendoza. Sobre esa base, se aplicó el techo sancionatorio previsto para contaminación y alteración de cursos hídricos: 100.000 UFA.

El antecedente más cercano se remonta a 2025, cuando la misma colectora ya había colapsado. En aquella ocasión, Irrigación autorizó de forma excepcional el vuelco hacia el canal Pescara mientras se ejecutaban obras de emergencia.

Esta vez, en cambio, rechazó un pedido similar y posteriormente detectó que la empresa avanzó de todos modos con otro esquema de descarga.

La resolución administrativa abrió, además, el camino de una denuncia penal por presunta contaminación ambiental.

La causa quedó en manos de la Justicia y, según fuentes vinculadas al expediente, los fiscales que intervienen recomendaron avanzar con imputaciones contra responsables de la firma.