El oficialismo mendocino lanzó un debate interesante que refiere a la eliminación de las elecciones legislativas de medio término con el fin de unificar todos los comicios provinciales cada cuatro años que hoy comienza a abrir frentes entre el Gobierno y la Legislatura local.

Básicamente, lo que se propone es la modificación de los artículos nº 70 y 78 de la Constitución provincial para reformar el calendario electoral bajo el argumento de ahorro de recursos y la eliminación de la parálisis de gestión que suele imponer la campaña permanente.

Desde un punto de vista meramente analítico, la iniciativa lo que hace es alterar el balance de poder y transformar los incentivos de la dirigencia política modificando el comportamiento de la sociedad frente a las urnas.

Es que al unificarse el calendario, de ser aprobada la norma, le otorga al mandatario provincial o municipal de turno un horizonte de previsibilidad de cuatro años libre de cambios legislativos a mitad de mandato.

En principio, en lo referente a las políticas públicas, esta iniciativa favorece la planificación de las reformas estructurales que requieren de un tiempo superior al resto de los proyectos para madurar y suelen postergarse, en casos indefinidamente, ante el costo político que puede imponer en las urnas las elecciones realizadas cada dos años.

Asimismo, la administración de los recursos públicos termina por volverse más eficiente al reducir a la mitad la logística, el financiamiento de boletas y el despliegue de seguridad que exige cada acto electoral. 

Además, la unificación de cargos legislativos y municipales con la elección del gobernador y los intendentes terminaría por fomentar la creación de proyectos políticos más sólidos, donde las plataformas de los jefes comunales y concejales se ajusten, ya sea a favor o en contra, con el rumbo del Poder Ejecutivo provincial.

Pero así como tiene puntos a favor, también se pueden destacar aspectos que pueden resultar perjudiciales de ser aprobada la iniciativa presentada por el senador provincial Néstor Majul.

La unificación de las elecciones conlleva en parte un debilitamiento de los contrapesos legislativos y una lectura  que puede ser errada por la falta de absorción del descontento social.

Es que las elecciones de medio término funcionaron históricamente como una suerte de encuesta en la que la ciudadanía tiene la posibilidad de expresar en las urnas el descontento o apoyo al rumbo del Gobierno.

Al suprimir este mecanismo, se favorece al efecto arrastre de la boleta provincial, lo que a fin de cuentas termina por licuar el debate sobre la composición de las cámaras de la Legislatura de Mendoza y ata la elección de legisladores y candidatos a la popularidad de los candidatos a los Ejecutivos comunales o a la Casa de Gobierno.

Asimismo, favorece la polarización entre las distintas fuerzas, poniendole un obstáculo extra para el acceso a fuerzas más chicas o vecinales a los órganos de debate parlamentario.

Es decir, al hacer las elecciones unificadas, los partidos más chicos pierden el espacio de las elecciones intermedias, que es el terreno donde suelen canalizar el voto castigo de los grandes frentes.

Por tanto, es un sistema que tiende a beneficiar las mayorías automáticas para el oficialismo de turno, favoreciendo por un lado la sanción de leyes y ordenanzas, pero restringiendo por el otro la deliberación y el consenso parlamentario entre las distintas fuerzas.

Ergo, la reforma propuesta por el radicalismo tiene como puntos a favor la eficiencia democrática, la estabilidad política y la reducción de costos, pero en contra la reducción de las deliberaciones y el control ciudadano sobre los actos y gestiones de los gobiernos.