La iniciativa comenzó a debatirse en el Senado provincial y propone implementar protocolos de actuación, capacitaciones obligatorias y herramientas de prevención frente a casos de violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil en instituciones deportivas.

La Comisión de Género, Equidad y Diversidad del Senado de Mendoza comenzó este lunes el análisis de un proyecto de ley que propone crear una guía institucional de actuación frente a situaciones de violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil en clubes y entidades deportivas de toda la provincia.

La iniciativa apunta a incorporar un nuevo capítulo a la Ley Provincial del Deporte Nº 6457 y establece herramientas concretas de prevención, intervención y acompañamiento para abordar casos detectados o denunciados dentro del ámbito deportivo.

Durante el encuentro quedó formalmente constituida la comisión, presidida por la senadora Evelin Pérez y con Adriana Cano en la vicepresidencia. También integran el espacio las legisladoras Patricia Sánchez, Natalia Rabite, Jésica Laferte, Natacha Eisenchlas y María Pía Fanelli.

El proyecto fue impulsado por la exdiputada Giuliana Díaz, quien participó de la reunión y explicó que la propuesta tomó como base protocolos ya aplicados en instituciones educativas, posteriormente adaptados a la realidad de los clubes deportivos mendocinos.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de una “Guía de Intervención Institucional ante situaciones de violencia de género, maltrato y abuso sexual”, que deberá ser aplicada por todas las asociaciones civiles deportivas, sin importar su tamaño o disciplina.

La propuesta busca actuar no sólo ante hechos ocurridos dentro de las instalaciones deportivas, sino también frente a situaciones detectadas en espacios virtuales vinculados a las instituciones o incluso en contextos intrafamiliares que tengan impacto dentro del entorno deportivo.

Los “bautismos” en el hockey: no more

Durante el debate, Díaz remarcó que muchas prácticas violentas han sido históricamente naturalizadas dentro de algunos clubes y mencionó recientes episodios relacionados con “bautismos” en el hockey como ejemplo de situaciones que requieren revisión y abordaje institucional.

“El deporte no puede quedar afuera de la discusión sobre violencia y perspectiva de género”, sostuvo la autora del proyecto, quien además explicó que la guía finalmente quedó incorporada como anexo y no dentro del cuerpo principal de la ley para facilitar su implementación en clubes con distintas capacidades operativas y económicas.

La iniciativa de Giuliana Díaz (arriba, en la foto) establece además que las instituciones deportivas deberán desarrollar campañas de sensibilización y prevención sobre violencia de género, discriminación y abuso sexual, así como capacitaciones obligatorias bajo los lineamientos de la Ley Micaela.

Esas capacitaciones deberán realizarse al menos una vez al año y estarán dirigidas a dirigentes, entrenadores, deportistas y colaboradores de cada entidad, contemplando diferentes modalidades y horarios para garantizar la participación.

Canales de ayuda, obligatorios

Otro de los puntos destacados del proyecto es la obligación de contar con canales accesibles para denuncias, consultas y pedidos de intervención, además de mecanismos de difusión mediante redes sociales, páginas web, folletería y charlas informativas.

La guía también fija principios de actuación frente a denuncias o situaciones detectadas, entre ellos la escucha activa de las víctimas, la confidencialidad, la no revictimización y la celeridad en las intervenciones.

En los casos que involucren a menores de edad, el texto prevé la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y de organismos especializados en género y diversidad, además de protocolos específicos para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Durante la discusión parlamentaria, la senadora Adriana Cano planteó la necesidad de que la normativa sea más precisa respecto a los requisitos mínimos que deberán cumplir los clubes para garantizar su correcta aplicación. En la misma línea, Evelin Pérez consideró importante avanzar hacia una redacción más clara que facilite la implementación en instituciones de distinta escala.

El tratamiento del proyecto continuará en las próximas reuniones de comisión, donde se prevé incorporar modificaciones y observaciones orientadas a fortalecer una herramienta que busca instalar protocolos de prevención y actuación en uno de los ámbitos de mayor participación social y juvenil de Mendoza.