La Legislatura de Mendoza cerró un capítulo sobre un reclamo histórico en la provincia al sancionar de forma definitiva el proyecto de ley que introduce la enmienda del artículo 197 de la Constitución Provincial.

La iniciativa, que venía con el impulso de una amplia mayoría en la Cámara de Diputados obtenida semanas atrás, logró finalmente su aprobación en el Senado provincial con un contundente respaldo, superando los dos tercios requeridos.

Se trata de una pequeña victoria para el Gobierno de Alfredo Cornejo que aspiró en su momento a realizar una reforma integral de la carta magna del 1916 y debió frenar debido a las fuertes resistencias de la oposición frente a cambios más profundos.

El origen de la aceleración del tratado del proyecto se ubica en el departamento de San Rafael donde el intendente justicialista Omar Félix había decidido avanzar de forma autónoma con la convocatoria a convencionales constituyentes para redactar su propia constitución.

Ello forzó un escenario de conflicto de poderes y potenciales impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia por la falta de un marco legal explícito y general que convalide las actuaciones de las últimas elecciones.

Con la sanción de esta ley, el proceso en el sur mendocino logró enmarcarse en un aspecto legal que disipa las dudas jurídicas sobre su constitucionalidad, aunque al mismo tiempo obliga al municipio a respetar límites impuestos por el texto aprobado.

Es que el paper prohíbe a las intendencias la creación de impuestos propios y restringe su capacidad recaudatoria a la aplicación de tasas por servicios prestados y contribuciones por mejoras.

¿Cómo sigue la cuestión y qué depara al futuro de los Departamentos mendocinos? A partir de la aprobación del proyecto en la Legislatura, su aplicación queda ahora supeditada a la decisión de la ciudadanía que tendrá la posibilidad de participar de un referéndum por el cual podrá apoyar o rechazar la norma.

En caso de obtener el respaldo de la sociedad, se iniciará una transformación que le otorgará a los municipios de la provincia la potestad de crear sus propias cartas orgánicas rompiendo con la Ley Orgánica Única al tiempo que hará más previsible la distribución de la coparticipación provincial.

En caso de que alguna (o algunas) de las 18 municipalidades prefiera no iniciar el trámite para conseguir la autonomía municipal, no habrá cambios y seguirá rigiéndose por la Ley Orgánica Única.