Raúl Pedone

Miguel Mathus Escorihuela es un referente ineludible del derecho y la gestión hídrica en Mendoza y la Argentina. En criollo, se diría que “no toca de oído” cuando habla o escribe sobre el agua. Abogado de formación, ha construido una prestigiosa trayectoria académica como profesor titular y emérito en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Mendoza, donde dirige el Instituto del Agua y el Ambiente “Joaquín López”, a quien reconoce como uno de sus maestros.

Su especialidad le ha permitido recorrer universidades y foros de América y Europa. Ha formado a generaciones de profesionales y magistrados en la comprensión técnica y legal de un recurso vital para las zonas áridas. También se ha desempeñado como senador nacional por Mendoza por el radicalismo y como un actor clave en la defensa de los derechos hídricos de la provincia en conflictos interjurisdiccionales, como el caso del río Atuel. Es autor de numerosos artículos científicos y libros especializados que han servido de base para la doctrina moderna del derecho de aguas.

Sentado en el blanco comedor de su casa, donde se aprecia cómo el ocre otoñal empieza a batallar con el verde intenso de El Bermejo -y”donde viví desde que era muy chico”-, se concentra y dedica un tiempo a los lectores de Mendoza Today.

 

— En la Universidad se estudia la legislación, pero la visión general del recurso hídrico se aprende de los maestros. A lo largo de mi vida, el trato con personalidades de otras naciones y universidades también me aportaron lo suyo. Yo insisto a mis alumnos: en la vida, siempre hay alguien que le tiende una mano. Hay que ser agradecido con quienes nos ayudaron a progresar. En mi caso, desde que me recibí de abogado me dediqué al derecho de aguas en la cátedra de Joaquín López, donde permanecí hasta que me jubilé. Fui profesor titular en la Universidad de Mendoza y en la Universidad Nacional de Cuyo. He dado conferencias y seminarios en todas las universidades del país y me han invitado a muchas del extranjero: Perú, México, Colombia, Estados Unidos y Europa.

— Hablemos del futuro. ¿Hay jóvenes estudiantes de abogacía interesados ahora en el agua?

— Sí, tengo el placer de que todos los integrantes de mi cátedra se doctoraron en la Universidad de Zaragoza, a instancia mía. Es la única cátedra de la Facultad de Derecho que cuenta con cinco doctores en su elenco. En España fueron muy generosos al recibirlos. Allí enseña el número uno del mundo en materia de derecho y administración de aguas: Antonio Embid Irujo, quien fue durante muchos años el abogado oficial del gobierno español en conferencias internacionales. Es un hombre multifacético, gran pianista y poseedor de doctorados en Francia, Alemania y España, además de los otorgados por la UNCuyo y la Universidad de Mendoza. Es una personalidad mundial y estos chicos tuvieron la posibilidad de perfeccionarse a su lado.

-Y ahora vuelan con sus propias alas…

 -Así es. Nicolás González del Solar, por ejemplo, es quizás el abogado que más conoce de aguas subterráneas en Mendoza. Ha estudiado mucho y editó un libro sobre el tema. Sin embargo, por su temperamento, él ha preferido no entrar en peleas por el agua y dedicarse a la profesión.

–A usted le gusta la “pelea”.

-Y… yo he tenido que pelear. He peleado con gobiernos, profesionales y particulares.

— Hablando de peleas, ¿qué opina del fallo de la Suprema Corte sobre los pozos de Agrelo?

— No estoy de acuerdo, de ninguna manera. Esos pozos, en la época de (Eduardo) Frigerio en Irrigación, fueron fruto de coimas y de atropellos cometidos por su secretario general, que atendía a la gente con un revólver sobre el escritorio. Estuvieron 15 años regando sin tener la concesión pertinente para el uso del agua subterránea. Y eso exige dos requisitos: primero, un permiso de perforación basado en un plan realizado por un geólogo. Luego, si se tiene la suerte de encontrar agua, solicitar a la autoridad la concesión. Estos pozos no tienen ni lo uno ni lo otro. A base de comisiones e irregularidades, dejaron atrás a pequeños agricultores. Es historia conocida que el superintendente fue sometido a juicio político y renunció antes de terminar destituido. Luego fallecieron tanto él como el secretario.

— ¿En esa zona no se podía perforar, originalmente?

— Se podía con limitaciones. Esa zona tiene problemas estructurales de suelo y muchas napas están contaminadas por antiguas perforaciones de YPF y otras empresas petroleras. Es un área que debe tratarse con mucha prevención. Estaba al límite de los acuíferos y no había mucha disponibilidad, pero todo se pasó por alto. Gente de Irrigación me ha confesado en la intimidad que se habrían cobrado coimas superiores a los 40 o 50 millones de dólares. Si querías perforar un pozo, tenías que pagar diez mil dólares; algunas empresas pagaban mucho más. Conozco los nombres y apellidos de los abogados involucrados. Hice la denuncia pública en su momento ante el Fiscal de Estado, pero dijeron que no tenía fundamento y no se hizo nada. En aquel momento los cargos estaban ocupados por el peronismo. Lo manejaron políticamente y punto. Así quedaron esos expedientes inconclusos en la Corte durante quince años, hasta que ahora sacaron este fallo que es de nulidad absoluta.

— ¿Por qué cree que el fallo es nulo?

— Es nulo porque las conclusiones legales que invoca son falsas y porque viola principios sustanciales de la legislación de aguas de Mendoza. Viola la llamada “cláusula sin perjuicio de terceros” y afecta el caudal existente en el río Mendoza necesario para satisfacer las concesiones vigentes, que son derechos definitivos. El agua no alcanza. Todos los regantes aguas abajo de esa zona somos perjudicados. Yo mismo, en mi finca tengo derechos definitivos desde hace cien años. Podría iniciar una demanda por el daño que me causa que extraigan agua de aquella zona, agua que debería llegar aquí (por el distrito de El Bermejo). La Corte, creyendo que hace un fallo salomónico, dispone que Irrigación les otorgue un permiso provisorio con aguas superficiales para que sigan regando, argumentando que hay riqueza incorporada y fuentes de trabajo en esas parcelas.

“La Corte no tiene esas atribuciones”

-¿Tiene la Corte tales atribuciones?

-No, la Corte no tiene atribuciones para manejar el agua. La única autoridad pública que puede disponer del recurso en Mendoza es el Departamento General de Irrigación, conforme a la ley. El agua se otorga por ley de la Legislatura, salvo circunstancias excepcionales de permisos precarios otorgados por el superintendente. La Corte ha ignorado todo esto, invadiendo atribuciones ajenas y vulnerando los derechos de los actuales regantes. Pero hay más todavia: por la topografía y los niveles de la zona, técnicamente es imposible llevar el agua desde el río Mendoza a esos terrenos. Así es que, lamentablemente, todo va a quedar como está…

— ¿Qué tendría que haber hecho la Corte, entonces?

— Es que en ningún orden jurídico del mundo los actos nulos de nulidad absoluta, donde ha mediado manifiestamente la ilicitud, pueden tener validez. La Corte ha pasado esto por alto olímpicamente. Estos usuarios han estado 15 años usando el agua sin derecho, perjudicando a los legítimos regantes del río Mendoza, con Irrigación en silencio y sin pagar ninguno de los tributos que el resto de nosotros pagamos anualmente. El fallo es totalmente nulo. Resulta risible que la Corte argumente que, como se ha “creado riqueza”, se pasan por alto el origen ilícito de todo. La solución que encontraron fue disponer un permiso precario con agua del río Mendoza, algo sobre lo cual la Corte no tiene ninguna facultad de disposición.

— ¿Va a presentar formalmente el pedido de nulidad de la sentencia?

—Varios colegas y usuarios del río Mendoza me han pedido el estudio porque no quieren quedarse de brazos cruzados. Lo que corresponde aquí es un juicio político a la Corte. Es así de sencillo. Incluso los que votaron en disidencia han votado en contra del derecho vigente a sabiendas.

— Para no caer en voluntarismos, ¿en qué se fundamenta técnicamente?

— En que ningún ordenamiento jurídico permite que actos derivados del fraude a la ley funden derechos a favor de sus autores. Aquí son actos ilegítimos, contrarios a la Constitución Provincial y a la Ley 4035, obtenidos por favoritismos y dádivas, falseando situaciones de hecho. El fallo violenta principios básicos y desconoce las atribuciones del Departamento General de Irrigación. Sin embargo, aunque cabría el juicio político, sé cuál sería su suerte: debe entrar por la Cámara de Diputados, donde el gobierno tiene mayoría absoluta. El planteo terminará ahí, pero hay que hacerlo. Es inaceptable que un ministro de la Corte argumente que no se puede perjudicar a un particular por deficiencias del Estado cuando ha quedado probado que ese particular violó la ley durante 15 años.

— Pero ese miembro de la Corte (Mario Adaro) dice que la responsabilidad es de un organismo público, como Irrigación, y que el privado no tiene la culpa.

— Se le puede imputar, por supuesto, no haber actuado como debía. Se lo dije personalmente al superintendente hace una semana en un desayuno: los funcionarios superiores de Irrigación pueden ser acusados de copartícipes por no haber defendido sus propias atribuciones frente a estos usuarios de facto.

— ¿Lo han consultado para la actualización de la Ley de Aguas?

— Trabajé a pedido de Irrigación, ad honorem como siempre, integrando un equipo para elaborar el anteproyecto. El grupo lo formamos Arturo Lafalla, por su visión de conjunto de la provincia; Alejandro Pérez Hualde, por su prestigio como constitucionalista, y el ingeniero Salomón, experto del Banco Mundial. Elaboramos un anteproyecto para reemplazar uno muy deficiente hecho internamente por el DGI. Se lo entregamos a  (Sergio) Marinelli en forma reservada y quedó en vía muerta. No sabemos qué pasó. Ahora anuncian el Plan Hídrico Provincial y el Código de Aguas, pero nuestro proyecto está ahí, detenido.

— ¿Qué opina de la participación de la empresa israelí Mekorot en este proceso?

— Es una cosa absurda. Cuando mi padre era senador nacional en 1946, recibió a una misión de ingenieros israelíes que vinieron a Mendoza a aprender cómo era nuestra administración y distribución del agua. Estuvieron meses instalados aquí aprendiendo de nuestros ingenieros. Después, Mekorot vino a preguntar quiénes eran los mejores técnicos jubilados de nuestra región para ponerlos a trabajar y elaborar seis tomos. Nos mandan a la misma gente que vino a aprender de nosotros. Es ridículo. Me opuse totalmente porque aquí se ignoraban esos antecedentes. El Plan Hídrico no tiene nada novedoso que no se haya estudiado antes. Si no se hizo, fue por falta de recursos y créditos internacionales, no por falta de conocimiento local.

— ¿En qué estado se encuentra entonces el proyecto de nuevo Código de Aguas?

— Marinelli anda diciendo que yo y mi equipo lo estamos puliendo, pero es una mentira absoluta. Le dije claramente: “No digas que el proyecto está con el equipo de Mathus, porque Mathus está solo en su casa ocupándose de su finca y de su cosecha”. El anteproyecto fue obra de los cinco que trabajamos juntos. Discutimos la estructura y respetamos en gran parte las sabias disposiciones de la ley vigente, que es de 1894 y se basa en la ley española de 1879. Es una excelente ley.

— Es una ley de finales del siglo XIX. Después de tantos años, tendrá aspectos que aggiornar.

— En muy pocos. Quizás parezca una barbaridad, pero los problemas del agua en Mendoza no son de la ley, son de gestión y administración. Esto sucede en casi todo el mundo. Los problemas surgen del Departamento General de Irrigación y de las inspecciones de cauce. Los inspectores, que según la ley deberían durar dos años, llevan 15 o 20 años en el cargo. Se convierten en “señores del agua” que hacen lo que quieren. Eso es lo que hay que modificar, pero esa es una ley aparte que no nos dieron tarea de tocar. El código en sí tenía muy poco que cambiar.

— A ver, ¿qué le cambiaría a la ley?

— Pocas cosas. Son ajustes por el progreso que ha tenido Mendoza desde 1870, que se ha hecho a tropezones. Hoy esos problemas están dispersos en numerosas resoluciones dictadas en distintas épocas. Lo que hicimos fue depurar lo vigente: derogar ese desorden y establecer una redacción única tomando lo mejor de cada una. Pero el proyecto está “durmiendo”. No sé si le darán prioridad, ya que ahora el foco es el Plan Hídrico, que en gran medida es una copia de estudios que Irrigación ya tenía con las universidades. Todo está estacionado.

— Se habla mucho de la legislación, pero poco de la estructura y funcionamiento de Irrigación. ¿Cree allí sí se necesitan cambios profundos?

— La estructura es adecuada, el problema es que funciona mal por las personas. Además, el Gobierno cometió el error de pasarle a Irrigación el poder de policía y el control del servicio domiciliario, algo que antes tenía el EPAS. Hay una pérdida brutal de agua en el sector doméstico: en Mendoza consumimos 600 litros per cápita, mientras que en Europa consumen la mitad. Irrigación no tiene idea de cómo manejar esto ni tiene el personal. Lo que hace falta es colocar medidores casa por casa. Es un disparate que en lugares como Chacras de Coria se llenen piletas con agua potable de red. Yo pedí un medidor por escrito hace ocho años y todavía no han hecho nada.

— El Gobierno está impulsando con fuerza la minería, que involucra el uso y riesgo del recurso hídrico de la provincia. ¿Cuál es su mirada?

— Mi postura es concreta: hay que hacer minería en Las Heras y en Malargüe. Si no se hace en Las Heras, desperdiciamos lo que tenemos; si no se hace en Malargüe, el departamento se muere por falta de trabajo. Afortunadamente, tenemos grandes yacimientos. Lo fundamental, y es lo que aparentemente intenta la ministra Jimena Latorre, es garantizar una autoridad de supervisión que asegure que las cosas se hagan bien, sin contaminación y cumpliendo estrictamente la ley de minería y la de aguas. El control es la clave.

— Usted ha visto modelos mineros en otros países. ¿Es posible que conviva con el cuidado del agua?

— He conocido explotaciones en Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. He bajado a 300 metros de profundidad y me he encontrado con galerías asfaltadas y luz de neón. Me han mostrado lugares donde antes hubo minería y ahora son parques nacionales fantásticos. Me impresionó mucho una empresa de capitales ingleses, Rand Mines. La prolijidad de su trabajo es maravillosa. Mendoza no puede dejar de lado estas riquezas porque sus otros emprendimientos están perdiendo vigencia aceleradamente.

El vino, la mineria y los glaciares

— ¿Se refiere a la vitivinicultura?

— La vitivinicultura hoy no alcanza “ni para pintar la pieza”. En lo personal, ésta ha sido mi última cosecha en esta finca de 110 años. Me están pagando por la uva Malbec el mismo precio que hace dos años, con costos que han aumentado un 700%. Es imposible trabajar con el precio actual del gasoil. Este año he decidido no trabajar la viña. No voy a regar ni podar. Me dedicaré solo a los frutales y olivos. La viña quedará para las grandes bodegas que cubren todas las etapas de producción e industrialización, pero el productor pequeño de 5 u 8 hectáreas está fundido. Este año, casi la mitad de las bodegas medianas y chicas en San Juan y Mendoza no han trabajado. Y los grandes no tienen espíritu societario, no les importa el proveedor de hace veinte años.

-No se salva ni el Malbec…

— Siempre se pagó más el Malbec o las tintas, pero en esta cosecha se pagaron 5.000 pesos el quintal de tinta contra 20.000 de uva blanca para espumantes. No se puede trabajar con esa incertidumbre.

— Volviendo al agua, ¿cómo ve la discusión sobre la Ley de Glaciares?

— Como director del Instituto del Agua y el Ambiente de la Universidad de Mendoza, pedí participar en las audiencias en el Congreso. Me daban solo ocho minutos para opinar sobre una ley tan trascendental. Me pareció una falta de respeto y retiré el pedido. Hay más de mil inscriptos, es un disparate. Institutos como el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), con prestigio internacional, sostienen que no hay justificativo para modificar la legislación vigente.

— ¿Qué habría expuesto en la audiencia del Congreso?

— Explicado de forma sencilla: cada glaciar tiene un núcleo y un entorno periglaciar que lo protege. Las empresas mineras o petroleras quieren achicar ese terreno para tener más espacio de explotación. En algunos casos dicen que la protección es excesiva, pero en otros pretenden avanzar sobre el glaciar mismo. No tiene fundamento. Con los miles de kilómetros cuadrados de cordillera que tenemos, es absurdo pelear por 20 o 50 metros alrededor de un glaciar. El gobernador (Alfredo) Cornejo habla de “seguridad jurídica” para inversores, pero es una excusa. La ley actual ya brinda seguridad. Se debería aprender de Chile, donde hacen minería cerca de cultivos agrícolas sin problemas, porque lo hacen bien.

— ¿Y los conflictos por el río Atuel? Parece que La Pampa está más tranquila.

— La Pampa ya no tiene argumentos. Se le han agotado y siempre le ha ido mal. Lo único que hacen es entorpecer las iniciativas de Mendoza. Nuestra provincia incluso hizo pozos de agua subterránea para darles agua por “buena vecindad”, y cuando hay grandes nevadas, el agua llega sola. Lo que no se ha hecho es controlar qué hace La Pampa con el agua que recibe. La están envasando y comercializando fuera de la zona de conflicto. No tienen reclamo legítimo.

— Además, atrás quedó Portezuelo del Viento.

— Mendoza dijo que no a Portezuelo porque era una obra faraónica para la que no hay dinero. Se dice que los fondos estaban, pero en realidad nunca alcanzaron para una obra de esa magnitud en el contexto actual. No se puede hacer lo que no se puede pagar.

-No todos los que se oponían era por la plata.

— Hay un problema del que nadie quiere hablar: si se hiciera esa obra y Mendoza derivara su cupo, el agua llegaría a Malargüe y de ahí al río Atuel. En ese punto empezarían los verdaderos problemas para la provincia. Habría que adecuar todo el cauce del Atuel para recibir los 34 metros cúbicos adicionales de agua nueva. Eso implica reformar puentes, caminos y, fundamentalmente, todo el sistema de El Nihuil. Habría que hacerlo de nuevo para esa capacidad, incluyendo las turbinas. El dique Valle Grande tampoco tiene capacidad para recibir ese volumen de forma continua. Habría que reformar compuertas y derivadores aguas abajo, un costo de miles de millones que ni siquiera está estudiado. El país no está en condiciones de acometer una obra así; hoy la prioridad nacional debe ser la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta, no Portezuelo.

— Ante el cambio climático y la crisis hídrica, ¿está preparada Mendoza para las próximas décadas?

— Se está haciendo muy poco y a medias. Le doy un ejemplo personal: quise implantar riego presurizado en 20 hectáreas de mi finca para ahorrar agua. Pedí un crédito al Fondo de Transformación, instalamos todo y a los 90 días tuvimos que dejar de usarlo. ¿Sabe por qué? El consumo eléctrico de la bomba nos estaba fundiendo. Llegaban boletas de más de un millón de pesos. Tuvimos que guardar las mangueras en el galpón. Tecnificar es posible, pero el costo del servicio lo hace inviable para un productor chico. Solo las grandes bodegas o los cultivos de alto valor, como el pistacho o la nuez, pueden costearlo. Para el productor de uva común, hoy es mucho más barato seguir con el riego artesanal.

— Terminemos donde empezamos. Dijo que tiene buenos discípulos… ¿Y sus hijos? ¿Heredaron su pasión por el agua de Mendoza?

 

— No, en eso he fracasado rotundamente (sonrisas por la broma). Mi hijo es economista. Hizo posgrados en Londres y Washington, y fue corresponsal del diario La Nación. El año pasado ganó un concurso para un cargo altísimo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Maneja un equipo de expertos para controlar los créditos en toda Latinoamérica y vive viajando. Con ese nivel de vida y responsabilidad, no va a volver a trabajar aquí. Mi hija es arquitecta y vive en Chile. Así que soy un “vagabundo solitario” en estos temas. Un gran amigo me dijo: “Disfrute lo que tiene ahora y que sus hijos disfruten sus propios caminos”. Y ya no tengo ese problema.