El presidente Javier Milei anticipó que su administración avanzará con una serie de acciones judiciales e institucionales para desarticular una presunta red de desinformación de origen ruso que habría operado en el país.

El mandatario advirtió que la investigación, surgida a partir de documentos filtrados por un consorcio internacional de periodistas, representa una amenaza directa contra la estabilidad democrática. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado aseguró que su gestión buscará identificar a todos los responsables de lo que considera una estructura de espionaje y manipulación mediática a gran escala.

De acuerdo con los informes difundidos, una organización denominada “La Compañía” habría ejecutado una campaña sistemática entre abril y octubre de 2024 con el objetivo de erosionar la imagen del gobierno argentino. Los documentos detallan un presupuesto aproximado de 283.000 dólares destinados a financiar más de 250 artículos críticos en portales digitales, además de diversas acciones coordinadas en redes sociales.

El presidente sostuvo que estas revelaciones son apenas “la punta del iceberg” y afirmó con contundencia la postura oficial: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron”.

La investigación determinó que los contenidos difundidos se centraban en cuestionar el programa de ajuste económico, el impacto social de las medidas oficiales y, fundamentalmente, el alineamiento internacional de Argentina con Ucrania.

Para llevar adelante esta operación, la red habría utilizado firmas inexistentes, autores ficticios y material fabricado mediante herramientas digitales para dotar de veracidad a los ataques. Desde el oficialismo interpretaron que estas maniobras buscaron influir en la opinión pública nacional en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros, afectando la soberanía informativa del país.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo estructuró su respuesta en tres ejes centrales: la investigación en los tribunales, el refuerzo de los mecanismos de inteligencia y el seguimiento diplomático del caso. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ya había confirmado en 2025 la detección de agentes extranjeros y dio intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal.

“Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina”, señalaron desde el organismo de inteligencia, subrayando la peligrosidad de estas tácticas de guerra híbrida en territorio nacional.

Finalmente, el Gobierno mantiene una postura de alerta institucional con el fin de identificar a los intermediarios locales y los circuitos de financiamiento que permitieron la amplificación de estos mensajes.