El tristemente célebre “rulo financiero” entre el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL), sigue dando qué hablar. La maniobra fue cortada de raíz hace menos de un mes y volvió millonarios a varios “vivillos”, algunos de ellos funcionarios del gobierno de Javier Milei.

No fue un invento libertario, sino un mecanismo que se motorizó durante el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía y Matías Tombolini como secretario de Comercio. No obstante, el rulo permaneció intacto hasta los primeros días de abril de este año.

¿Cómo funcionaba? Básicamente, los avivados aprovechaban las distintas cotizaciones del dólar financiero. Un inversor podía tomar dólares en el país —a través del MEP—, girarlos al exterior y convertirlos en dólar “divisa”. Ese paso implicaba que el Banco Central tuviera que poner los dólares para concretar la operación.

Después, desde afuera, esos mismos dólares volvían al sistema local, pero esta vez vía contado con liquidación. Como entre el MEP y el CCL solía haber una brecha de más del 3%, ahí estaba la ganancia. Y una vez que cerraban el circuito, los vivillos podían volver a empezar.

Aunque había comisiones y costos en el medio, el negocio seguía siendo muy rentable. Por eso se volvió tan popular en las semanas anteriores a su prohibición, que se motorizó a través de la Comunicación A 8417 del Banco Central.

Allí se sostiene que cualquier persona o empresa que mande dólares al exterior tiene que firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar con bonos en dólares (ni MEP ni CCL) durante los siguientes 90 días. En buen romance: ya no se puede entrar y salir rápido para hacer la diferencia. Sin esa velocidad, el “rulo” deja de ser negocio.

Como sea, la revelación de Diario Mendoza Today derivó en el impulso de un explosivo expediente por parte del juez Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 12, Julián Ercolini.

En el contexto de esa causa judicial, este periodista hizo una declaración en la cual aportó prueba y, días más tarde -esta misma semana-, presentó una ampliación.

Allí se pidió que se investigue “si ha existido durante el período en el que se permitió la maniobra alguna connivencia, trato selectivo, beneficio indebido, o si se dejó deliberadamente abierta una vía elusiva pese a deber jurídico concreto de bloquearla”.

Esto así, según el escrito de marras “surge el interrogante acerca de si el Ministerio de Economía tuvo una participación causal concreta en alguno de estos planos: diseño de la ventana regulatoria que permitió el arbitraje; conocimiento anticipado de que la operatoria estaba siendo usada con fin puramente especulativo; instrucciones a la CNV para no restringir, demorar o modular controles; o coordinación con el BCRA para mantener transitoriamente abierta la vía pese a advertencias internas”.

La presentación que hizo quien escribe estas líneas detalla luego: “El punto en común que tienen ambos organismos es la preponderancia política del Ministerio de Economía sobre ambos. En este orden de ideas, dada la situación fáctica resulta probable que el Ministerio haya orientado, condicionado o coordinado la actuación de la CNV y/o influido materialmente en el timming regulatorio del BCRA. Aunque Economía no haya ejecutado materialmente las operaciones ni regulado directamente cada tramo, podría ser penalmente relevante si aportó algo funcional a la continuidad del esquema. Por ejemplo: demorar definiciones, instruir informalmente que no se cierre la ventana todavía, privilegiar objetivos de corto plazo sobre alertas técnicas, o coordinar respuestas parciales para dejar subsistir el beneficio especulativo durante cierto tiempo”.

Finalmente, el escrito puntualiza: “A los fines de la presente ampliación solicito se investigue si existió conocimiento, coordinación, instrucción, presión o tolerancia deliberada sobre la CNV y sobre el timming de la respuesta del BCRA. Para ello será necesario investigar específicamente: expedientes y notas entre Ministerio, CNV y BCRA; agendas de reuniones de los funcionarios clave; borradores y versiones previas de medidas regulatorias; informes técnicos sobre impacto en reservas y arbitraje; comunicaciones internas sobre la conveniencia de “dejar correr” o “cerrar” la maniobra; y cualquier instrucción a la CNV y o el BCRA vinculada con supervisión o temporización de medidas. Todo ello teniendo en cuenta que si bien el BCRA resultaría un órgano autónomo, la realidad indica que el Ministerio de Economía tiene preponderancia política sobre el mismo”.

Como sabía decirse en los viejos noticieros argentinos, “habrá más novedades para este boletín”.