De alcoholemia positiva a desconexión de cámaras: el Gobierno de Mendoza sancionó a una decena de agentes públicos
El Gobierno de Mendoza finalizó una serie de procesos sumarios que resultaron en la expulsión y sanción de diversos agentes públicos, tanto dentro del ámbito de las fuerzas de seguridad como de la educación. Según se desprende de una serie de decretos y resoluciones publicados este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza, el gobernador …
El Gobierno de Mendoza finalizó una serie de procesos sumarios que resultaron en la expulsión y sanción de diversos agentes públicos, tanto dentro del ámbito de las fuerzas de seguridad como de la educación.
Según se desprende de una serie de decretos y resoluciones publicados este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo dio por finalizadas varias actuaciones cuyos finales son diferentes y van desde reclamos que pasan al ámbito judicial, cesantías y sanciones para agentes públicos.
Fuerzas de Seguridad
En el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, que dirige Mercedes Rus, la mayor de las sanciones recayó sobre el agente Miguel Adolfo Lara Montiel. Tras un extenso proceso de apelación, se rechazó su recurso jerárquico y ratificó la cesantía aplicada originalmente en 2021.
En el paper, si bien no se informa cuál fue la falta en la que recurrió, se consideró que su conducta afectó de manera irreversible el prestigio y la confianza que exige el estado oficial, desestimando el argumento de la defensa sobre el archivo de una causa penal vinculada.
En la misma línea, se procedió a la desafectación de los auxiliares Emilio Germán Díaz Rodríguez y Mauro Agustín Romero Barros. Ambos agentes se encontraban en el periodo de interinidad de doce meses para el ingreso a la fuerza.
En el caso de Díaz Rodríguez, la decisión se basó en actuaciones por infracciones contravencionales y un sumario por alcoholemia positiva.
Por su parte, Romero Barros fue desvinculado tras detectarse antecedentes judiciales por lesiones culposas agravadas, derivadas de una conducción imprudente con niveles de alcohol en sangre superiores a un gramo por litro.
Asimismo, se ratificó la continuidad de los sumarios contra el Oficial Inspector Jorge Omar Giménez Ayala y la Auxiliar Alcira Vanina Belén Miranda Dávila.
En ambos expedientes, el Gobierno rechazó los recursos de alzada interpuestos por las defensas, que pretendían anular etapas probatorias o retroceder las investigaciones.
Dirección General de Escuelas
Dentro de la Dirección General de Escuelas, a cargo de Tadeo García Zalazar, el foco principal estuvo puesto en el ausentismo y el incumplimiento de tareas de seguridad en los establecimientos educativos.
La sanción más contundente fue para Mario Gustavo Torres, un celador titular que acumuló la cifra récord de 475 inasistencias injustificadas entre 2022 y marzo de 2024.
Su caso no fue aislado, ya que Alejandro Javier Luján también recibió la cesantía por sumar 226 días de ausencias injustificadas, mientras que Claudia Mariana Acosta y Gabriela Migone fueron expulsadas por registrar 119 inasistencias y un abandono de servicio de 22 meses, respectivamente.
Un caso que generó especial preocupación fue el de Ariel Gastón Ceferino Surbete, quien se desempeñaba como sereno en la Escuela Arrieros del Ande.
Además de registrar inasistencias injustificadas que pretendió excusar bajo supuestas condiciones climáticas, se comprobó que ingresaba al establecimiento con personas ajenas a la institución y que las cámaras de seguridad eran desconectadas durante sus turnos.
La Junta de Disciplina consideró que estas conductas quebrantaron la confianza requerida para el cuidado de los bienes del Estado y el resguardo de la comunidad educativa, dictaminando su cesantía.
Por otra parte, el organismo escolar aplicó medidas de carácter correctivo para aquellos casos que no alcanzaron el umbral de la expulsión pero que afectaron la normal prestación del servicio.
En tal contexto, Jimena Leticia Caballero Paco fue sancionada con cinco días de suspensión tras verificarse un historial de 118 tardanzas durante dos ciclos lectivos.
En una situación de mayor gravedad ética, Fernando Nahuel Quiroz González, quien cumplía funciones de cuidador en una residencia, recibió 20 días de suspensión tras acreditarse hechos de maltrato físico y verbal hacia menores con discapacidad.
En este último caso, la resolución destacó que la vulnerabilidad de los niños bajo su cuidado exigía un estándar de responsabilidad y decoro muy superior al demostrado.


