Christian Sanz

Durante el último kirchnerismo, en tiempos de Alberto Fernández como presidente de la Nación, un grupo de vivos decidió avanzar en una maniobra millonaria apalancándose en un mecanismo legal, pero cuestionable: se lo conoció como “rulo financiero”.

El mecanismo consiste en la compra de dólar MEP en el mercado local, la transferencia de esas divisas al exterior y su posterior reingreso al circuito financiero argentino mediante operaciones en moneda extranjera.

El objetivo habría sido aprovechar la brecha entre distintas cotizaciones del dólar para obtener ganancias en lapsos muy breves. Puntuales medios de comunicación dieron cuenta de ella, con detalles escabrosos.

Llegado el año 2023, ello pareció haber acabado merced a la llegada de Javier Milei al gobierno con su discurso “anti casta”. Pero ello no ocurrió: no sólo no se detuvo la operatoria sino que se mantuvieron vigentes los mecanismos para obrar la luctuosa maniobra. Al menos hasta hace unos pocos días.

Diario Mendoza Today logró entrevistar a sendos funcionarios de segunda línea, tanto del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ambos revelaron que se cansaron de alertar a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía acerca de la situación de marras, sobre todo en las últimas semanas, cuando aparecieron movimientos tan irregulares como millonarios. 

Recién el pasado 10 de abril el Gobierno decidió bloquear el rulo que limitaba su capacidad de compra de reservas y generaba ganancias sustantivas para los operadores que podían aprovecharlo.

Mediante una norma publicada ese día, impidió que las mesas que operan con bonos soberanos puedan sacar y entrar dólares para aprovechar el “canje”, la diferencia entre el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, y ganar así hasta 4% por operación.

En buen romance, la operatoria aprovechó la brecha entre tipos de cambio financieros y sumó presión sobre las reservas del Banco Central. Fuentes del mercado describen que el mecanismo consistía en sacar rédito la diferencia de cotización entre el MEP y el contado con liquidación (CCL) para ejecutar movimientos de ida y vuelta con dólares, generando una jugosa ganancia.

Ello dispara varios interrogantes: ¿Por qué el Gobierno de Milei esperó tanto para desactivar una maniobra que, no sólo es cuestionable, sino que debilita la acumulación de reservas en el BCRA? ¿Quiénes fueron los beneficiados por el “rulo” en cuestión? ¿Cuánto dinero se hicieron gracias al mecanismo referido?

Lo sucedido no califica sólo como “avivada”, sino que configura la comisión de distintos delitos, entre ellos: manipulación de mercado o negociaciones ficticias (artículo 309 del Código Penal), infracciones al régimen penal cambiario e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248), en caso de comprobarse responsabilidades estatales.

La relevancia penal no radica en la especulación en sí, sino en la posibilidad de que las transacciones hayan sido ficticias, concertadas o diseñadas para aparentar liquidez o movimientos reales de mercado.

Por ello, amerita el análisis detallado de operaciones vinculadas al dólar MEP y CCL durante el período en cuestión, para saber quiénes fueron los beneficiarios de la millonaria maniobra.

Urge que algún fiscal de turno avance en una causa judicial donde exija preservar las comunicaciones internas, correos electrónicos y registros de operadores de organismos como el BCRA y la CNV, así como realizar peritajes contables y financieros para reconstruir el circuito completo de las transacciones. El escándalo recién empieza.