La provincia de Mendoza sancionó la Ley N° 9.702, una normativa que marcó un cambio de paradigma en la administración del arbolado público al transferir la jurisdicción total sobre los ejemplares de calles y espacios comunes a las órbitas municipales.

Esta reforma legislativa buscó modernizar el marco legal previo, delegando en los gobiernos locales la responsabilidad directa de la preservación y el manejo del entorno verde. El objetivo central de la medida fue optimizar la respuesta estatal frente a las necesidades ambientales de cada departamento.

Bajo este nuevo esquema, cada comuna adquirió la obligación de diseñar y presentar un Plan de Manejo Integral cada cuatro años, el cual deberá ajustarse a lineamientos técnicos provinciales de carácter obligatorio. Esta planificación estratégica intenta terminar con las intervenciones aisladas y unificar criterios de cuidado ante problemáticas estructurales de la región, como la escasez hídrica y el deterioro general de las especies. De esta manera, se busca que cada municipio gestione sus recursos forestales con una visión a largo plazo y rigor científico.

Uno de los puntos más destacados de la norma fue la agilización de los trámites administrativos para la intervención de árboles en situación crítica. Con la nueva ley, los intendentes ya no requerirán de autorizaciones previas por parte de los organismos provinciales para actuar sobre ejemplares en mal estado, eliminando burocracias que históricamente demoraron meses, lo que permite una gestión más dinámica y efectiva, fundamental para prevenir accidentes en casos de riesgo inminente por caída de ramas o ejemplares secos.

En materia fitosanitaria, la legislación introdujo una estrategia clave para combatir la propagación de plagas al prohibir el monocultivo y fomentar el policultivo en todo el territorio. Al imponer la mezcla de diversas especies, la normativa busca evitar que enfermedades masivas arrasen con poblaciones enteras de árboles, como ocurrió históricamente con el olmo.

Asimismo, se promovieron criterios de forestación eficientes, priorizando árboles de hoja caduca para optimizar la luz invernal y especies de menor porte que redujeran los costos operativos de mantenimiento.

Finalmente, la normativa endurece los controles internos dentro de la administración pública para evitar decisiones arbitrarias sobre el patrimonio forestal y así cualquier poda o erradicación en espacios oficiales deberá contar con una autorización previa, consolidando un sistema de responsabilidad más riguroso.