Los 33 chilenos, el dique Papagayos y por qué Mendoza debe combatir la minería ilegal
El dique Papagayos amaneció distinto. Entre maquinarias pesadas, camionetas oficiales y guardaparques, un operativo conjunto del Gobierno de Mendoza puso fin a una cantera que hasta ayer extraía áridos de manera silenciosa, al borde mismo de la reserva natural Divisadero. Detrás de esa postal hay algo más que una infracción administrativa: es una señal de …
El dique Papagayos amaneció distinto. Entre maquinarias pesadas, camionetas oficiales y guardaparques, un operativo conjunto del Gobierno de Mendoza puso fin a una cantera que hasta ayer extraía áridos de manera silenciosa, al borde mismo de la reserva natural Divisadero. Detrás de esa postal hay algo más que una infracción administrativa: es una señal de que los mendocinos decidieron plantarse frente a la mineria ilegal. Una buena señal, que vale más que cualquier repetida consigna antiminera.
Según informó el Ministerio de Energía y Ambiente, la intervención se realizó tras detectar movimientos de extracción de áridos en una zona cercana al área protegida, sin permisos, sin estudios ambientales y sin inscripción en los registros que exige la normativa vigente.
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La cantera funcionaba como una típica explotación clandestina: fuera de los radares formales, sin controles, pero con un impacto directo sobre cauces, suelos y un ecosistema que la provincia viene intentando resguardar.
En el operativo participaron la Autoridad Ambiental Minera –que integra a la Dirección de Minería y a la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental–, la Policía Ambiental Minera (PAM), la Dirección de Hidráulica y el cuerpo de Guardaparques. Cada organismo aportó una pieza del rompecabezas: los técnicos ambientales relevaron el daño potencial, Minería verificó la inexistencia de concesiones o permisos, Hidráulica analizó riesgos sobre el cauce y los guardaparques certificaron la cercanía con la reserva.
El resultado -según consigna la información oficial- fue contundente: actas labradas, orden de cese inmediato de actividades y remisión de las actuaciones a la Fiscalía de Delitos Ambientales para que evalúe responsabilidades penales.
En criollo: la cantera clandestina quedó clausurada y sus responsables podrían enfrentar no solo multas e inhabilitaciones, sino también causas judiciales.
Este caso no es aislado. En enero, la misma Policía Ambiental Minera detectó graves irregularidades en una planta de hormigón en Godoy Cruz, que seguía funcionando pese a tener una orden de cese de actividades por infracciones previas.
Entre las faltas figuran la falta de informe de partida y la no inscripción en el Registro de Productores Mineros, requisitos básicos para operar dentro de la ley. Allí también se anunció que se avanzarían sanciones agravadas por desobedecer una medida preventiva, algo que la normativa provincial contempla con dureza.
En paralelo, la Dirección de Minería decidió crear una Junta Disciplinaria específica para analizar y graduar sanciones en casos de incumplimientos, un paso clave para ordenar un mapa donde conviven proyectos legales, pequeños productores y explotaciones ilegales o informales.
Esta junta se apoya en la Ley 9.529 y otras normas que definen a Minería como autoridad técnico?administrativa de la actividad, pero con una consigna clara: compatibilizar la producción con la protección ambiental.
Controles versus minería ilegal
El sistema de control en Mendoza, de hecho, se apoya en varias patas. La Autoridad Ambiental Minera es el órgano que articula habilitaciones, declaraciones de impacto ambiental y fiscalización técnica. La PAM funciona como “policía de campo”: hace inspecciones, constata infracciones y puede ordenar medidas preventivas como el cese. Hidráulica interviene cuando hay cauces o diques en riesgo, mientras que el cuerpo de Guardaparques actúa en y alrededor de áreas protegidas.
Todo este entramado se coordina desde el Ministerio de Energía y Ambiente, que en los últimos meses viene endureciendo el discurso contra la mineria ilegal.
Lo que sucede en Mendoza no es ajeno al contexto regional. En Perú, por ejemplo, la minería ilegal de oro en la Amazonía se asocia directamente con deforestación, presencia de mafias y violencia contra comunidades indígenas, como las wampís en la cuenca del río Santiago.
Informes recientes describen redes que combinan dragas en los ríos, tala ilegal y amenazas a líderes comunitarios que se oponen a la expansión de campamentos mineros sin control estatal. Es el espejo en el que nadie quiere mirarse.
Por eso, mientras se discute el futuro de la actividad minera en la provincia y se busca atraer grande inversores, las grandes empresas formales son las primeras interesadas en diferenciarse de cualquier forma de minería ilegal.
Cumplir con los estudios de impacto ambiental, las audiencias públicas, los monitoreos de agua y la presentación de informes periódicos no solo es una obligación legal, también es parte de su licencia social para operar.
Un incidente ambiental grave o un conflicto con comunidades puede costar años de parálisis y millones de dólares en inversiones, algo que las compañías serias conocen al detalle.
En ese contexto, desde el Ministerio de Energía y Ambiente remarcan esa línea, expresada también en declaraciones recientes de la ministra Jimena Latorre: “No hay desarrollo minero posible si no se cumple la ley, y menos cuando hablamos de mineria ilegal junto a áreas protegidas. Mendoza necesita inversiones, pero las necesita con reglas claras, controles estrictos y responsabilidad ambiental”
Mientras tanto, proyectos como el de cobre en Uspallata avanzan paso a paso dentro del corsé regulatorio mendocino, mostrando que la provincia intenta salir de la parálisis con una fórmula propia: habilitar minería bajo fuerte supervisión y mano dura con cualquiera que pretenda atajos por fuera de la ley.
El hallazgo y clausura de la cantera clandestina en Divisadero llega, así, en un momento simbólico. Con el debate nacional sobre glaciares y con Mendoza discutiendo cómo compatibilizar desarrollo y ambiente, el mensaje hacia adentro es simple: la minería ilegal no tiene lugar, y la minería formal solo será posible si cumple todas las condiciones.
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Para una provincia que empieza a reactivar su músculo minero después de años de tensión y parálisis, este operativo puede leerse como lo que es: el despertar de una nueva etapa, en la que el control ya no es un slogan sino una práctica concreta en el territorio.
Más allá de la región, América Latina ya conoce las consecuencias de mirar para otro lado frente a la minería ilegal o a proyectos que no cumplen la norma. Un ejemplo extremo fue el derrumbe de la mina San José, en Chile, donde 33 mineros quedaron atrapados durante 69 días en 2010.
Se trataba de una explotación privada que arrastraba antecedentes de fallas de seguridad, con deficiencias en fortificación de las galerías, vías de escape y planes de evacuación, incumpliendo exigencias del reglamento minero chileno y obligando luego a una revisión profunda del sistema de fiscalización y de las garantías que deben ofrecer las empresas antes de bajar a un trabajador a la veta. Una buena lección para Mendoza.
