La pulseada por el control del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza viene tomando una temperatura política inusual, convirtiéndose en el escenario de una batalla que trasciende lo gremial para instalarse de lleno en el mapa de poder de la provincia. No es una situación que los mendocinos no conozcan.

Una lista opositora, con marcada afinidad al peronismo y sectores independientes, ha lanzado una ofensiva directa con un objetivo claro: terminar con la hegemonía que el gobernador Alfredo Cornejo sostiene sobre la institución de la avenida Pedro Molina, a través de sus aliados.

Está claro que la próxima elección -que está convocada para el 22 de abril venidero y para la cual están habilitados casi 2.800 abogados- no es un trámite administrativo más para los abogados mendocinos, sino el intento de un sector del derecho por recuperar la autonomía de una entidad que muchos consideran hoy casi “un apéndice” del cuarto piso de la Casa de Gobierno.

El letrado Alejandro Poquet, referente de la lista opositora y candidato a conducir los destinos de los profesionales, no ha ahorrado críticas hacia la actual gestión institucional. En recientes declaraciones brindadas a radio Mdz, Poquet fue tajante al cuestionar la preocupante dependencia que el Colegio mantiene respecto al Poder Ejecutivo Provincial.

Según el abogado, la institución ha perdido su rol crítico y su capacidad de contrapeso, funcionando más como una escribanía de los deseos oficiales que como un órgano de defensa para los matriculados. Para Poquet, la falta de distancia entre la conducción y el despacho del gobernador “desnaturaliza la esencia de la colegiación y debilita el ejercicio profesional”.

Durante su gestión al frente de la Subsecretaria de Seguridad de la Provincia (1995-1999), Poquet lideró una transformación histórica del área. Y es reconocida su perfil “garantista” y su afinidad con el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni.

La apuesta del oficialismo para retener el control recae en Alejandra Lanci, quien encabeza la propuesta para presidir la entidad y representa la continuidad del titular saliente, Sergio Molina. Su perfil es el blanco principal de los cuestionamientos opositores debido a su actual desempeño laboral en la Asesoría de Gobierno de la Provincia.

Este organismo público cumple una función vital y estratégica: es el órgano encargado de brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo y defender el patrimonio del Estado en los juicios donde la provincia es parte. La crítica radica en que resulta difícil imaginar una defensa independiente de los intereses de los abogados cuando quien encabeza la institución es, simultáneamente, una funcionaria de jerarquía bajo el mando directo de la administración central de Cornejo. De hecho, su despacho está separado apenas por tres pisos del que ocupa el Gobernador.

Natalia es hija de Hugo Lanci, un veterano y respetado dirigente de la Unión Cívica Radical con una trayectoria que combina la militancia territorial con la labor parlamentaria de peso. Lanci se destacó como legislador provincial, pero su legado más recordado en el ámbito jurídico fue su compromiso durante épocas oscuras, donde ejerció una valiente defensa de los derechos humanos mediante la presentación sistemática de recursos de hábeas corpus.

Sin embargo, para la oposición éste no es el problema. Este linaje no hace más que confirmar el ADN profundamente oficialista de la lista que busca dar continuidad al modelo actual, vinculando la historia radical con la gestión presente que busca perpetuarse en el Colegio.

Abogados, control de la Justicia y política

La relevancia de esta elección para todos los abogados reside en el peso institucional que el Colegio tiene dentro del Consejo de la Magistratura. Es en este ámbito donde la institución ejerce una incidencia directa en la designación y el control de los jueces de Mendoza.

El Colegio aporta representantes que evalúan a los aspirantes a magistrados, participando en la confección de las ternas que luego el gobernador debe elegir para ocupar cargos en los tribunales. Controlar el Colegio significa, en los hechos, tener una llave maestra en el proceso de selección de quienes deben impartir justicia, una cuota de poder que ningún gobierno está dispuesto a ceder fácilmente si busca garantizarse previsibilidad jurídica.

Para los observadores políticos y los referentes de la lista opositora, el Colegio de Abogados se ha sumado de manera orgánica al vasto entramado de poder que Cornejo ha consolidado en Mendoza. Este esquema de control no se limita al Ejecutivo, sino que se extiende con una capilaridad asombrosa hacia el Poder Judicial y las mayorías automáticas en ambas cámaras de la Legislatura provincial.

La influencia de este sector se percibe también en la Universidad Nacional de Cuyo y en el manejo de organismos de control externos como el Tribunal de Cuentas, sumado a una red de intendentes afines que dominan casi todo el área metropolitana, con la única excepción del departamento de Maipú, que timonea el justicialista Matías Stevanato.

 

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El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, también podria sumar su cuota de “independencia” porque hay que reconocer que – “sin sacar los pies del plato”, como se dice en la calle- es el único del Gran Mendoza que se anima a tomar decisiones sin consultar necesariamente con los despachos del Barrio Cívico.

El resto se asume con “soldados” del Gobernador. Y es lógico, porque en parte llegaron a sus puestos por capacidad y en parte por el dedo de bendición de Cornejo. Se trata de Marcos Calvente (Guaymallén), Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Francisco Lo Presti (Las Heras).

Párrafo aparte para el alcalde de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, elegido en ese cargo por La Unión Mendocina (léase demarchismo), desde donde pegó el salto del PRO mendocino. Siendo el dirigente con mejor perfomance en las elecciones legislativas del año pasada, Cornejo -ni lerdo ni perezoso- encaró un acercamiento para evitar cualquier fuga al terreno libertario.

Prueba de ellos son las numerosas fotos que muestran al Gobernador y al Intendente juntos, inaugurando obras, firmando acuerdos o recibiendo a funcionarios nacionales, como sucedió con el ahora “violeta” ministro del Interior, Diego Santilli, nacido -dicho sea- del riñon del PRO y de Mauricio Macri.

Más allá de los abogados, este panorama de concentración de poder es el que la lista de afinidad peronista intenta fracturar desde adentro del mundo jurídico. Argumentan que la justicia mendocina necesita un Colegio que no tema señalar las arbitrariedades y que proteja el ejercicio profesional sin mirar el carnet de afiliación partidaria.

La elección se presenta así como un plebiscito sobre la gestión de Cornejo en el ámbito judicial, donde los abogados deberán decidir si prefieren mantener la sintonía fina con el poder político o si apuestan por una conducción que promete devolverle a la institución una voz propia y crítica, alejada de las oficinas gubernamentales.

En los grandes estudios y en los pasillos de los tribunales de la calle Patricias Mendocinas, el clima es de expectativa total entre los abogados. Las próximas elecciones no solo definirán quién maneja los recursos y la representación de los letrados, sino que marcarán el termómetro de la resistencia o la consolidación final de un modelo político que ha buscado alinear a todos los actores institucionales bajo una misma conducción vertical.

Poquet y Lanci representan mucho más que dos nombres en una boleta. Representan dos visiones diferentes sobre el rol del derecho, la independencia judicial y la división de poderes en la Mendoza contemporánea.