La inseguridad es uno de los temas que más preocupan a la sociedad mendocina y es en tal contexto que tanto el oficialismo como la oposición decidieron avanzar en puntuales modificaciones que buscan reducir las estadísticas del delito en la provincia.

Ya el pasado martes, la Cámara de Senadores de la Legislatura mendocina sancionó la reforma a la Ley 6722 que modifica el protocolo para la actuación de la policía de la provincia.

Allí se puso el foco en la garantización de la presunción de inocencia para los efectivos que utilicen su arma reglamentaria en el cumplimiento de su deber, eliminando de esta forma la suspensión automática del sueldo o del servicio mientras la investigación se encuentre en proceso. 

Esta medida, impulsada por el Gobierno de Alfredo Cornejo, pretende dotar de mayor respaldo a los agentes frente a situaciones de fuga o enfrentamientos armados, reduciendo el temor de los uniformados a la hora de actuar.

De forma complementaria, el Poder Judicial mendocino avanza hacia la aplicación de un esquema de procesos acelerado para los delitos de flagrancia. 

Ya con media sanción en la Cámara de Diputados local, este proyecto apunta directamente a los delitos menores pero de alta frecuencia, como hurtos y robos simples, permitiendo que las condenas se dicten en cuestión de días cuando el sospechoso es aprehendido en el acto. 

El objetivo es quebrar la percepción reinante en la sociedad sobre lo que comúnmente se denomina puerta giratoria vinculando, además, estas penas breves con programas de formación laboral y educación obligatoria con el fin de combatir la reincidencia. 

A ello se suman puntuales cambios sobre la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, bajo la presidencia de Dalmiro Garay, que constituyó un sistema de sorteo de causas que tiene como objetivo evitar la concentración de poder en salas especializadas, garantizando, según sostienen, una mayor equidad en la distribución de expedientes entre los ministros del máximo tribunal.

En esa misma línea es que, a diferencia de la mayoría de los distritos del país, Mendoza hoy cuenta con la Ley de Extinción de Dominio, una herramienta que le permitió a la provincia arremeter sobre el rastro de la corrupción.

En tal sentido, Mendoza logró que el decomiso de bienes no dependa de la finalización total del proceso penal, lo que permitió que en el último año se subastaran propiedades de exfuncionarios condenados, como el emblemático caso de la residencia del exintendente Luis Lobos. 

No es menor el hecho de que los fondos obtenidos, que superaron los 172 millones de pesos, hayan sido destinados íntegramente a la reparación y equipamiento de escuelas públicas.

En fin. En su integridad, con estas reformas en materia de seguridad y justicia el Gobierno mendocino busca cambiar la visión del ciudadano de a pie sobre estas materias en un momento en que la corrupción y la inseguridad encabezan los intereses de la sociedad.