Luego del fallo favorable para Argentina de la segunda instancia de la Justicia estadounidense, hay una suerte de puja por ver quién se queda con el mérito de la victoria local.

El inesperado alivio en los tribunales de Nueva York, donde la Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF, disparó una carrera por la capitalización política del éxito. 

En tal sentido, el kirchnerismo, liderado por Máximo Kirchner, movió sus fichas con un proyecto de ley que busca ratificar la expropiación de 2012 como un acto de soberanía nacional. 

Ello supone por un lado la pretensión de proteger la posición argentina ante una posible revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos al elevar la decisión al rango de política de Estado innegociable.

Sin embargo, por el otro, reabre el debate sobre si la reafirmación de la ley local sobre los estatutos corporativos privados podría ser interpretada por los fondos litigantes como una nueva muestra de hostilidad.

Para entenderlo, cabe recordar que el fallo favorable reconoció que la jueza Loretta Preska interpretó erróneamente la ley argentina para tratar los estatutos de YPF como un contrato privado por encima de las facultades de un Estado.

La iniciativa de Máximo Kirchner refuerza esa línea argumental al declarar que la recuperación del 51% de las acciones fue una decisión de utilidad pública y supervivencia energética. 

Desde esta óptica, una ratificación del Congreso se basaría en la “Doctrina del Acto de Estado”, sugiriendo que la justicia de EEUU no tiene jurisdicción para juzgar actos legislativos soberanos realizados dentro del territorio argentino. 

Sin embargo, la materia jurídica no es una ciencia exacta y existe cierto riesgo en la interpretación que los Tribunales estadounidenses den a esta nueva actividad mientras el caso sigue abierto. 

Aunque es poco probable que la Corte Suprema de Estados Unidos tome el caso por tratarse de una disputa sobre leyes extranjeras, Burford Capital ya calificó el fallo como un “notable abandono de los derechos de los accionistas”. 

En este contexto, un proyecto que reivindica la ley local podría ser utilizado por los demandantes para argumentar que Argentina sigue ignorando deliberadamente los derechos de los inversores internacionales. 

Además, la iniciativa introduce un fuerte componente político al criticar el fallo original de la jueza Preska como “motivado políticamente”, lo cual podría generar una percepción de hostilidad ante los Tribunales.

Básicamente, dependiendo de la interpretación que haga la justicia estadounidense, la norma impulsada por Kirchner podría terminar beneficiando a los demandantes y allanando el camino para que la causa sea elevada al máximo tribunal de la Justicia de EEUU.