El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, informó que apelará la decisión de la Justicia que dejó sin efecto la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La iniciativa del Ejecutivo, que se conoció tras un mensaje posteado en “X” por la ministra Sandra Pettovello, se da luego de que la Justicia laboral aceptara un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y pausará la vigencia de gran parte de la iniciativa que fue aprobada por el Congreso.

La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 complicó los planes del gobierno, que presentó ducha ley para promover la creación de empleo formal, incrementar la competitividad y otorgar mayor seguridad jurídica para empleadores y empleados.

Según el comunicado que difundió Pettovello, su cartera defenderá la iniciativa “sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental”, y afrontará las instancias judiciales necesarias “para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno”.

La decisión judicial que se conoció horas atrás se dio tras lo solicitado por la CGT, que criticó la constitucionalidad de las modificaciones propuestas en la nueva normativa laboral. De acuerdo al fallo, la central sindical indicó que las actualizaciones perjudican los principios y derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por la Argentina, entre los que se destaca la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

Horas atrás, la Justicia suspendió de manera provisoria la aplicación de los 83 artículos, tras considerar que la presentación de la CGT contenía los requisitos procesales para ser tramitada como una acción declarativa colectiva, según la jurisprudencia y regulaciones vigentes. El tribunal informó que la cautelar apunta a sostener el “status quo” y evitar daños irreparables a los derechos individuales y colectivos protegidos por la legislación anterior, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.