La diputada Silvana Giudici, con el respaldo de sus colegas mendocinos Mercedes “Mechi” Llano y Álvaro Martínez, impulsó un proyecto que apunta a la prohibición de la tenencia de teléfonos celulares por parte de personas que se encuentran privadas de su libertad. 

La iniciativa, que cuenta con gran respaldo por parte del oficialismo, determina sumar el artículo 79 bis a la Ley 24.660 (de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad) y actualiza el 85 que tipifica como infracción la “tenencia, ocultamiento, facilitación, introducción o tráfico de elementos electrónicos y de comunicación o dispositivos móviles no autorizados”

Además, en la propuesta, la legisladora plantea incorporar el inciso k que menciona el intento al acceso a internet de servicios de comunicación digital por fuera de los sistemas autorizados y controlados por la autoridad competente.

En los fundamentos de la propuesta, Giudici explicó que “el uso de dispositivos móviles en las cárceles se ha transformado en una fuente delictiva posibilitando que los internos cometan ilícitos desde el interior del penal llegando a tener un grave impacto sobre las personas del exterior”. En tal sentido, advirtió que esto “contribuye al sostenimiento de bandas de delincuencia organizada que son lideradas por los propios internos”.

Además de Llano y Martínez, la propuesta fue acompañada por Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio “Tronco” Figliuolo, Marilú González Estevarena, Patricia Holzman, César Treffinger, Patricia Vázquez, Alejandro Fargossi, Alejandro Bongiovanni, Carlos Zapata y Giselle Castelnuovo.

Durante los últimos años crecieron notoriamente las denuncias por estafas virtuales, algo a lo que en la iniciativa se mencionó. También, Giudici agregó que esto se dio con “el uso más común es a través de llamados telefónicos o simulando ser funcionarios públicos para solicitar transferencias de dinero”.

Otros delitos que se generan en las cárceles, y en los que la también secretaria parlamentaria del oficialismo hizo hincapié, son las extorsiones, manejos de organizaciones criminales, amenazas y planificación de atentados, acceso a cuentas bancarias y billeteras virtuales de manera ilícita.

Por otra parte, invocó la modificación a la Ley 24.660 sancionada en 2017 y el establecimiento de esta prohibición “bajo un criterio restrictivo en relación con la tenencia de dispositivos móviles, los cuales eran considerados elementos no autorizados dentro de los establecimientos penitenciarios“.

Y apuntó contra la gestión del Frente de Todos por haber permitido la utilización de teléfonos celulares en las cárceles argentinas, inicialmente justificado por la pandemia de COVID-19 y la suspensión de visitas. En ese punto, aseveró que la propuesta “generó controversia por la falta de control sobre los líderes narcos y las bandas de crimen organizado que pudieron continuar con la comisión de delitos libremente desde los penales”.