Roberto Suarez

Hay imágenes que condensan una época entera. Un cuerpo caído, la sombra del terror y una palabra escrita como un grito: Nunca Más. No es solo una consigna, es una advertencia que atraviesa generaciones. Hoy, a cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, esa imagen vuelve a interpelarnos con la misma crudeza, recordándonos que lo ocurrido no pertenece al pasado, sino a la memoria viva de un país que aún busca cerrar sus heridas.

Hace cincuenta años el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 le dio paso al gobierno militar que condujo el país durante 2756 días, los transcurridos hasta que se formalizó el regreso de la democracia en 1983, en una de las etapas más oscuras en la historia de la Argentina que fue precedida por tiempos marcados por la inestabilidad política y la violencia.

Ese golpe de Estado fue el sexto que sufrió la Argentina en 47 años, en un período de alternancia entre gobiernos democráticos y militares que comenzó en 1930, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, y culminó con la asunción de Raúl Alfonsín, en 1983.

En los años 70 las empresas públicas, como los sistemas de seguridad social creados en décadas anteriores y que eran el pilar del Estado de Bienestar, comenzaron a padecer un fuerte proceso de endeudamiento y descapitalización. Con esto se inició un tiempo de intensos conflictos políticos, económicos y sociales que culminaron con la crisis definitiva del modelo.

Se comenzaba a agotar la política de industrialización sustitutiva de importaciones, redistribución de la riqueza, capitalismo autónomo, mayor participación política y formas específicas de integración social. La alianza social que históricamente sostuvo ese modelo de auto sustentamiento comenzó a deshacerse creciendo brutalmente la puja distributiva.

Al promediar los años ’70 –bajo el gobierno peronista inaugurado en mayo de 1973–, el modelo estaba atrapado en la espiral de una violencia desembozada, en la incapacidad manifiesta para resolver la polarización que se planteaba en la sociedad y en el escepticismo generalizado hacia la eficacia de las instituciones para contener la crisis. Finalmente, el país se encontró ante una situación en la que todo el sistema estaba recorrido por el temor: a la violencia, al poder de los sindicatos, al desorden, al conflicto, a los desbordes sociales y a la inflación descontrolada. Las luchas internas del justicialismo y del sindicalismo por las porciones de poder se dirimieron en las calles por las vías de la violencia. En plena democracia, el aparato militar y represivo adquirió cada vez más preponderancia dentro del Estado, y coexistió malamente con el poder civil en esos últimos y dramáticos meses de la presidencia de Isabel Martínez de Perón.

Además, se venían produciendo desde 1974 (año en que más asesinatos políticos se cometieron: Silvio Frondizi, Atilio López, Ortega Peña, el padre Mujica, entre otros dirigentes fusilados en la vía pública) constantes secuestros y atentados, llevados a cabo por la ultraderechista Triple A (creada por López Rega), y por el otro lado los grupos rebeldes, quienes sumieron al país en el caos y jaquearon el frágil estado de derecho.

En el ’75, el ministro de Economía Celestino Rodrigo lanzó un plan económico estabilizador que fue todo lo contrario: una violenta aceleración inflacionaria, que quedó en la historia colectiva como el “Rodrigazo”.

Se iniciaba 1976 con un alarmante empeoramiento de la situación, y el fantasma de otro golpe militar empezó a sobrevolar y a cubrir con un manto oscuro a la Nación.

El país estaba virtualmente paralizado, la violencia y la represión en pleno movimiento. La crisis política estaba en el centro de la escena y el gobierno aparecía casi inactivo e impotente para frenar los peligros que acechaban, y se entró en un vacío. Un dramático llamado de Balbín, en apoyo a la presidenta y en la búsqueda de una salida institucional, por la cadena de radio y televisión, citando al poeta platense Almafuerte, en su poema “¡Avanti !”, decía: “¡Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte!”. Era tarde. Llegaba la muerte. Para las instituciones y, mucho peor, para miles de argentinos.

Las Fuerzas Armadas, convencidas de ser garantes del orden, el 24 de marzo, dieron el golpe de Estado derrocando y deteniendo a Isabel Martínez, formando una junta integrada por las tres fuerzas que nombró al general Jorge R. Videla como presidente y lanzó el Proceso de Reorganización Nacional, sostenida ideológicamente por la “Doctrina de la seguridad nacional”.

La irracionalidad del terrorismo de Estado llevó a cabo una masiva violación de los derechos humanos en una dimensión como no había conocido nunca la historia argentina, secuestrando, torturando, matando y haciendo desaparecer a miles de compatriotas, mientras el establishment, a través de Martínez de Hoz, se hacía cargo, como en otras dictaduras, del manejo de la economía.

El que mejor definió lo que pasó fue el escritor Rodolfo Walsh. A un año del golpe y antes de que los militares lo mataran, en una carta abierta a la Junta Militar, escribió: “El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Perón sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara los males que ustedes continuaron y agravaron”.

Fueron siete años y medio de dictadura, hubo 340 centros de torturas, con 8.960 desaparecidos detectados por la Conadep y 30 mil denunciados por organismos de derechos humanos.

Son cifras que encierran una vida de infierno. Se cumplen 50 años de aquel nefasto 24 de marzo de 1976.

Hoy en todo el país y en varias partes del mundo, se conmemora la tragedia desencadenada por el imperio de la tortura y la muerte instaurado por la dictadura militar.

Es también una circunstancia propicia para recordar que la Argentina es el único ejemplo en el mundo de un país que exigió la condena justa e indispensable para la recuperación de las instituciones a los máximos responsables del genocidio, cuando el 12 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín ordenó el histórico juicio a las Juntas Militares.

El Juicio a las Juntas Militares ejecutado a lo largo de 1985 por el presidente Raúl Alfonsín, apoyado por todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, fue en efecto un ejemplo mundial. Uno de los más importantes, si no el más, desde el histórico juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis. Sentó un antecedente concreto, clave en la jurisprudencia internacional, referido a la responsabilidad del Estado republicano ante una situación de violencia armada interna.

Hay que recordar que poco antes de abandonar el Poder Ejecutivo, el gobierno militar sancionó la ley 22.924 que tenía como objetivo evitar que se juzgara y castigara su accionar durante los años que estuvo en el poder. Esta norma, la “Ley de Pacificación Nacional” o “Ley de Auto amnistía”, otorgaba inmunidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Al mismo tiempo, el decreto N° 2726/83 establecía la destrucción de los documentos referidos a la represión militar.

Con la llegada de la democracia, muchas cosas cambiaron. El gobierno de Alfonsín derogó en diciembre de 1983 la “Ley de Autoamnistía” y se dictaron dos decretos ordenando el arresto y la investigación judicial de los miembros de las tres primeras Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983.

Pero el hecho, también histórico y único en el mundo, la presencia de Las Madres de Plaza de Mayo, fue fundamental por su resistencia pacífica y pionera contra la dictadura militar, visibilizando la desaparición forzada cuando imperaba el silencio. Su lucha incansable por memoria, verdad y justicia fue clave para recuperar la democracia, deslegitimar al régimen y sentar un precedente internacional de defensa de los derechos.

Actitudes que fue el basamento para interpretar que aquella dictadura de 1976 fue la última en nuestro país.

Es fundamental que nuestra memoria este activa. Que tengamos en cuenta, que 50 años después, hay muertos sin sepultura y hay tumbas sin nombre. Cincuenta años después, hay personas que, sin saberlo, viven una identidad ajena. Cincuenta años después, hay crímenes irresueltos y criminales impunes. Todavía hay juicios en trámite.

Cincuenta años después del 24 de marzo de 1976, el día en que comenzaron la última dictadura militar y la actitud asesina, el proceso de memoria, verdad y justicia que hizo ejemplar al país está bajo amenaza, asediado por un Gobierno que relativiza el terrorismo de Estado, por lo que toda la sociedad debe seguir elaborando el legado del genocidio.

Hoy es momento de refrescar la memoria y hacerles entender a los jóvenes lo cruel de aquellos años de plomo. Las nuevas generaciones deberían leer el libro “Nunca Más”, para que vean como la historia del peor horror fue real, leerlo para sentirse como nuestras generaciones, protagonistas de la historia y cuidar el futuro, como merece ser cuidado, y para que no vuelva a ocurrir.