Lo que comenzó como un goteo de cinco denuncias aisladas por estafa se transformó rápidamente en una megacausa judicial que sacude a la provincia de Mendoza.

Este viernes, en el Polo Judicial Penal, el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Hernán Ríos, avanzó con la imputación formal del abogado Jorge Iván Yoma y de sus dos socios, Pablo Daniel Falco y Rodrigo Ramón López Casado, acusados de orquestar un millonario fraude con inversiones en dólares.

La Justicia estima que el ardid dejó a cerca de 70 inversionistas afectados. Tan solo de las primeras siete presentaciones judiciales, se constató una suma defraudada que supera los 548.000 dólares (casi 800 millones de pesos), aunque al acumularse ya 14 expedientes, la cifra final promete ser inédita para este tipo de delitos en la provincia.

El modus operandi: lujo, confianza y sociedades fantasma

De acuerdo con el acta de imputación y los testimonios de las víctimas, los acusados desarrollaron un elaborado plan entre 2022 y 2024 para captar dólares de ahorristas bajo la promesa de una inversión “infalible”. El esquema funcionaba con una precisión que no dejaba lugar a dudas:

• Fachada VIP: Operaban a través de la firma Asesoría Legal S.A., ubicada en unas lujosas oficinas de la calle 25 de Mayo al 1200, en el centro mendocino. El lugar, equipado con mobiliario moderno y un numeroso equipo de empleados, generaba una sensación de “confianza inmediata” y extremo profesionalismo.

• Promesas de alto rendimiento: Ofrecían un retorno del 2,5% mensual en dólares, una tasa muy por encima del mercado financiero tradicional. Aseguraban que el capital se destinaba a financiar préstamos prendarios con garantías que triplicaban el valor prestado, minimizando el riesgo.

• Documentación engañosa: Para dar un manto de legalidad, los inversores firmaban contratos de mutuo con firmas certificadas por escribanos.

Sin embargo, la fiscalía sospecha que el dinero nunca iba a esos préstamos seguros. Las empresas que figuraban como deudoras en los contratos eran, en realidad, sociedades alternativas (como Facilgestiono S.R.L., Constructec Desarrolladores S.R.L, Criptomoneda BBC S.R.L. y Crédito Libre Destino S.A.) utilizadas para desviar los fondos.

Los denunciantes aseguran que el capital aportado —en muchos casos, los ahorros de toda la vida de familias enteras— terminó financiando deudas personales de los imputados, “cuevas” de cambio en Mendoza y Buenos Aires, y la compra de bienes a nombre de testaferros.

El colapso del esquema

Como todo esquema de este tipo, la estafa se materializó cuando se cortó la cadena de pagos. Hacia fines de 2024, la estructura financiera comenzó a incumplir los acuerdos.

Los socios intentaron ganar tiempo aduciendo complicaciones económicas por el año electoral, el cambio de gobierno y la devaluación del peso.

Las evasivas colmaron la paciencia de los ahorristas a principios de 2025. Tras una serie de allanamientos realizados este jueves en barrios privados y oficinas del centro —donde la División Delitos Económicos secuestró computadoras, celulares y documentación vital—, la situación de los acusados quedó contra las cuerdas.

Fianzas millonarias

Tras presentarse en el edificio del Ministerio Público Fiscal, el trío de sospechosos quedó imputado por el delito de estafa en concurso real.

El fiscal Ríos dispuso que los tres continúen el proceso en libertad, pero bajo un estricto régimen de control. Para evitar la prisión preventiva, deberán rendir una caución de $350 millones en el caso del abogado Yoma, y de $200 millones para Falco y López Casado. Además, la Justicia les impuso la retención de sus pasaportes, la prohibición para salir del país y la obligación de comparecer cada dos semanas ante las autoridades.

Mientras tanto, en los pasillos de tribunales no descartan que en los próximos días sigan ingresando nuevas denuncias a través del portal virtual del Ministerio Público.