La Municipalidad de Luján de Cuyo, a cargo de Esteban Allasino, en conjunto con el Consejo de Loteos de la Provincia de Mendoza, que comanda Laura Jimena Luzuriaga Sammartino, detectó una serie de irregularidades graves en un emprendimiento inmobiliario. 

Según se desprende de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza, el caso se originó a partir de una inspección de la Dirección de Obras Privadas municipal que constató la ejecución de movimientos de suelo y obras de infraestructura en el inmueble.

Estas tareas se realizaron de forma clandestina, sin contar con la autorización municipal correspondiente ni con la aprobación previa del loteo que exige la normativa vigente. 

La situación se agravó cuando las autoridades locales verificaron que, pese a las actas de infracción labradas inicialmente, los responsables no acreditaron documentación alguna que habilitara los trabajos, lo que derivó en una orden de paralización inmediata.

La investigación posterior reveló un escenario aún más complejo al detectar cartelería en el lugar donde se ofrecían a la venta parcelas de 500 m² y 1000 m². 

Este hallazgo confirmó que, además de la intervención sobre el terreno, el mismo sería utilizado para la comercialización de un loteo que carece de cualquier tipo de existencia legal. 

Es que, al consultar los registros oficiales, el Consejo de Loteos informó que no existen expedientes iniciados a nombre de los particulares Luis Severino Torralva o Cecilia del Carmen Cortez vinculados a solicitudes de aprobación de loteo ni trámites de Propiedad Horizontal Especial. 

Esta omisión constituye una falta al régimen de orden público que busca garantizar un desarrollo territorial ordenado, la correcta planificación urbana y, fundamentalmente, la protección de los potenciales adquirentes frente a emprendimientos que no cuentan con factibilidad de servicios.

En tal sentido, el Consejo de Loteos resolvió ordenar el cese inmediato de toda actividad violatoria de la ley y se le impuso una multa económica de 20.000 unidades fijas que tienen un valor de $500, por lo que la sanción asciende a 10 millones de pesos.

Además, el infractor fue obligado a regularizar la situación del parcelamiento bajo apercibimiento de mayores sanciones.