Nicolás Sanz

Hay una imagen que define la decadencia de una época: la de una expresidenta de la Nación que, con condena firme, pretende que la Justicia funcione como una suerte de servicio al cuarto.

Cristina Kirchner no sólo se resiste a aceptar la realidad de su sentencia, sino que inició una cruzada judicial para transformar su prisión domiciliaria en un retiro espiritual sin controles, mientras intenta, en paralelo, borrar con el codo sus otras deudas pendientes con la ley. 

Desde su departamento en Recoleta, la exmandataria desató una batalla insólita contra las restricciones propias de cualquier condenado, llegando incluso a solicitar a la Justicia que se eliminen los topes a la cantidad de personas que pueden visitarla y se flexibilicen los horarios de entrada y salida, como si su hogar fuera una unidad básica y no el sitio donde debe purgar una pena por defraudar al Estado.

La realidad, sin embargo, es más cruda que sus excusas de persecución política. Cabe recordar que la Justicia detectó que en una ocasión ingresó una decena de personas sin autorización previa, lo que obligó al Tribunal a recordarle que sigue siendo una presa bajo vigilancia estatal y no una figura pública en ejercicio de sus funciones. 

No obstante, ella insiste en un régimen de visitas incontrolables y, sobre todo, en deshacerse de la tobillera electrónica, un dispositivo que la Corte Suprema ya ratificó como obligatorio para asegurar que cumpla su pena de seis años por administración fraudulenta. 

Esta resistencia al monitoreo no es más que un acto de rebeldía que para Cristina significa un recordatorio de que la ley finalmente la alcanzó, una marca que su ego político no puede tolerar… y menos frente a su militancia.

Pero la ambición de impunidad continúa mientras se reanuda el juicio por la Causa Cuadernos, con una defensa lanzando una ofensiva para pedir la nulidad total del proceso, bajo el ya gastado discurso del lawfare. 

Es el intento desesperado de quien sabe que las pruebas materiales y los testimonios acumulados en los anotadores del ex chofer Oscar Centeno son un callejón sin salida.

En los hechos, la también ex vicepresidenta no busca defenderse con la verdad o rebatir los hechos, busca que el juicio simplemente deje de existir por un tecnicismo que ignore la confesión de decenas de empresarios arrepentidos. 

Pretender que todo un esquema de recaudación ilegal fue una ficción cinematográfica es, a esta altura, un insulto a la inteligencia de los jueces, pero sobre todo, de los ciudadanos argentinos.

La condena firme confirmada por la Corte Suprema de Justicia finalmente marcó un antes y un después en su historia personal y en la salud institucional del país ante el que probablemente haya sido el Gobierno más corrupto de la historia. 

Hoy, inhabilitada perpetuamente para ejercer cargos públicos y recluida en su domicilio, ofrece el penoso espectáculo de una líder que se niega a soltar el privilegio de la excepcionalidad. 

Pedir una condena más laxa, visitas sin registro y el cierre arbitrario de causas abiertas no es un ejercicio legítimo del derecho de defensa, es el síntoma de una dirigente que se siente por encima de la Constitución y que interpreta la clemencia de la prisión domiciliaria como una licencia para seguir operando en la sombra sin rendir cuentas. 

La Justicia argentina tiene hoy el desafío de sostener el principio de igualdad, que la tobillera no se mueva, que los registros de visitas sean públicos y que los juicios sigan su curso hasta que la última sentencia quede firme, demostrando que en este país ya no hay lugar para políticos que se autoperciben intocables.