Este jueves, en el Congreso de la Nación, comenzará el debate en el recinto de la Cámara de Senadores respecto de la modificación de la Ley de Glaciares, una norma con fuerte injerencia en territorio mendocino.

La discusión va mucho más allá de una cuestión sobre límites geográficos y representa una pelea sobre el modelo de desarrollo del país de cara a las próximas décadas.

El debate se basa en una cuestión técnica en que los distintos espacios enfrentan sus posturas sobre la urgencia de atraer divisas mediante la minería y la preservación de las reservas hídricas, tan escasas en Mendoza.

Para comprender qué se debate y cómo modificaría el nuevo proyecto la Ley vigente en caso de ser aprobada, cabe destacar que la norma aprobada en 2010 establece un blindaje sobre los glaciares y el ambiente periglaciar entendiendo que deben ser preservados.

No obstante, la iniciativa de reforma impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei, que cuenta con el aval absoluto del gobernador Alfredo Cornejo, propone un cambio radical il incluir el concepto de “función hídrica relevante” y limitar la protección solo a aquellos cuerpos de hielo que estén dentro del Inventario Nacional de Glaciares bajo criterios más restrictivos. 

Esto significa que miles de hectáreas de suelos congelados y pequeños glaciares que hoy están protegidos podrían quedar expuestos a la actividad industrial si se considera que su aporte de agua no es significativo.

Para Mendoza, el impacto de esta modificación es particularmente profundo y divisivo, ya que la provincia atraviesa una crisis hídrica que arrastra desde hace más de una década.

Por un lado, el Gobierno de Mendoza ve en esta reforma la oportunidad histórica de destrabar una serie de proyectos mineros que hoy se encuentran bajo el estudio de especialistas en el área con el fin de atraer inversiones.

Desde el oficialismo local argumentan que la ley actual, al ser tan amplia, genera una inseguridad jurídica que paraliza proyectos en zonas donde el impacto ambiental sería mínimo o nulo. 

Por el otro lado, las asambleas por el agua mantienen una postura de alerta, recordando que los glaciares son los que garantizan el caudal de los ríos mendocinos durante los veranos más secos.

tocar ese ecosistema es, para este grupo de personas que se oponen a la modificación de la Ley, hipotecar la viabilidad de los oasis productivos y el acceso al agua potable de la población mendocina. 

La iniciativa también busca reformar el rol central del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el organismo de investigación que lidera el inventario de glaciares, permitiendo que las provincias tengan una mayor autonomía para decidir qué áreas excluir de la protección nacional. 

Ello es visto por los ambientalistas como una forma de facilitar el camino a las corporaciones mineras, permitiendo que cada jurisdicción flexibilice sus controles según su necesidad de inversión. 

Así, mientras el Congreso se prepara para votar, Mendoza se encuentra a la espera de conocer los resultados y se muestra atenta para saber si en esta jornada finalmente habrá una media sanción (que luego debería ser ratificada, rechazada o modificada por la Cámara de Diputados) o si finalmente el proyecto termina por ser rechazado.