La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) tomó una contundente decisión que terminó por marcar un punto de inflexión en la política sanitaria de Mendoza y refiere al cierre total de las nuevas afiliaciones voluntarias que  se mantendrá vigente durante todo el ejercicio 2026. 

Esta determinación, que forma parte del riguroso Plan de Sustentabilidad Presupuestaria impulsado por la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, tiene como objetivo detener el crecimiento de la masa de afiliados independientes para intentar sanear las cuentas de una institución que arrastra un déficit sustancial.

Actualmente, la entidad brinda cobertura a casi 400.000 mendocinos, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la población provincial,y por ello se busca evitar que el ingreso de nuevos beneficiarios externos agrave la asfixia financiera de los recursos destinados originalmente a los empleados estatales. 

La medida se inserta en un contexto político de alta tensión, donde la administración de Carlos Funes logró un respiro gracias a que la Justicia de Mendoza avaló los procesos de contratación de la entidad, desestimando denuncias previas por irregularidades y otorgando una necesaria validación institucional para el Gobierno. 

Sin embargo, este aval no se traduce en una mejora percibida en la atención diaria, ya que el grueso de los afiliados continúa denunciando una marcada falta de servicios, dificultades para conseguir turnos en especialidades básicas y, sobre todo, la proliferación sistémica del cobro de plus médico. 

Este pago adicional, que los profesionales exigen por fuera de la cartilla debido al retraso en los aranceles que paga la obra social, se convirtió en una barrera de acceso para miles de asociados. 

Desde el punto de vista político, marca un escenario que puede ser utilizado por la oposición para cuestionar la gestión en materia de salud del Gobierno de Cornejo aludiendo a que el ajuste recae sobre los empleados públicos, o al menos sobre sus prestaciones medicas.

Además, la decisión de prolongar el cierre de afiliaciones hasta finales de 2026 no solo responde a una necesidad de equilibrio financiero, sino que también refleja la incapacidad del sistema para absorber la migración de usuarios que, ante los aumentos desmedidos de las prepagas privadas, buscaban en la OSEP un refugio que hoy permanece con las puertas cerradas.