Este año, la provincia de Mendoza enfrentará uno de los más complejos desafíos en lo referente a materia de infraestructura teniendo en cuenta los recortes de fondos del Gobierno del presidente Javier Milei.

Ello se desprende al analizar el propio presupuesto 2026 del Gobierno Nacional que termina por ubicar a Mendoza entre las provincias más castigadas en lo referente al recorte de fondos para obra pública.

Este complejo panorama terminó por obligar al Gobierno de Alfredo Cornejo a reconfigurar la hoja de ruta en la gestión provincial, poniendo como dato relevante la proyección de una inversión superior a los 800 mil millones de pesos provenientes exclusivamente de fondos locales.

No obstante, el problema que enfrentará la administración provincial es que detrás de esta cifra histórica se esconde el agotamiento del fondo de resarcimiento de Portezuelo del Viento.

Esa reserva que funcionó durante un largo tiempo a Mendoza para demostrar autonomía frente a las decisiones de la Casa Rosada parece acercarse rápidamente a su fin.

Es por ello que, por estas horas, el Gobierno de Mendoza comenzó a articular un plan de respaldo que incluye la búsqueda de endeudamiento en pesos, algo que desde el oficialismo consideran fundamental a la hora de mantener las obras en marcha.

Financiarse dentro del mercado local puede no ser la opción preferible, pero sí desde la Casa de Gobierno la leen como necesaria para sobrevivir a la motosierra del Gobierno Nacional y sostener proyectos, sobre todo, en áreas hídricas y viales.

En las semanas venideras, Mendoza asistirá a la exhibición de los resultados de la capacidad de una provincia que, de no querer paralizar las obras ni afectar los niveles de empleo en el sector de la construcción, deberá absorber de manera íntegra los costos, incluyendo en casos los que corresponden al Gobierno Nacional.

En esa línea, se espera que los mayores esfuerzos financieros se concentren en la infraestructura hídrica, considerada innegociable frente a la crisis climática, y en el mantenimiento de rutas esenciales que el Gobierno Nacional dejó de financiar. 

Este modelo de gestión, donde cada kilómetro de asfalto deberá ser respaldado por el orden fiscal local y la creatividad financiera para captar deuda, pondrá a prueba la solidez del Estado mendocino en un contexto donde el flujo de fondos nacionales dejó de ser previsible.