Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (Ux) recurrió a la Justicia este viernes, y denunció penalmente al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por distorsionar el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En concreto, los legisladores Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada, arremetieron contra el titular del Palacio de Hacienda por no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor que ya estaba listo para ser implementado el mes pasado.

La denuncia penal, de la que se hizo eco Strada en redes sociales, es “por violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (art. 293 del Código Penal), y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico”.

Según la diputada opositora, “Caputo incurrió en irregularidades varias” y recordó que “en primer término, ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados”.

Y agregó: “En octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026. Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor”.

Para la legisladora identificada con el kirchnerismo, “se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad”.

Pero además sostuvo que esa manipulación del instrumento de medición estadístico “determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados”. 

Por otra parte, remarcó que “el Ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique”, e incluso “adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial”.

“De esta forma el Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”, añadió.

Y subrayó que “el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino”. 

“Precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales”, dijo y agregó: “Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”.