La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, dio a conocer detalles de la tercera etapa del proyecto Hojarasca.

En la Legislatura provincial, la sanrafaelina profundizó respecto de la inicativa que apunta a “modernizar el sistema normativo y reducir la sobrelegislación acumulada durante décadas”.

Durante la reciente presentación, se analizaron 303 leyes generales que fueron sancionadas entre 1976 y 1990, de las cuales buscan derogar 134, y la derogación parcial de una. 

En la presentación, además de Casado, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure; y la secretaria Legislativa de Diputados, Carolina Letri.

Casado explicó que el proyecto comenzó a estudiarse con la idea de elaborar un digesto que posibilitaraa ordenar y clarificar el marco normativo provincial. Dijo que la sobreregulación genera trabas administrativas y dificulta tanto el cumplimiento como la consulta de las normas por parte de ciudadanos y funcionarios. En tal sentido, valoró que el trabajo apunta a simplificar el sistema legal y facilitar su aplicación.

Casado, por otra parte, hizo hincapie en que el relevamiento se realiza “ley por ley”, con consultas al Poder Ejecutivo y a los actores vinculados a cada materia antes de definir su derogación total o parcial. También dijo que, en el último año, la Legislatura avanzó con la derogación de más normas de las que ha sancionado, y convocó a los actuales y futuros legisladores a continuar con esta tarea.

A su turno, Lombardi resaltó el trabajo bicameral y sostuvo que el análisis normativo permite eliminar disposiciones obsoletas o contradictorias que dificultan el funcionamiento institucional, incluso del Poder Judicial. Confirmó además el compromiso de insistir con la sanción definitiva de la segunda etapa del proyecto y acompañar el tratamiento de la tercera cuando ingrese formalmente.

Faure, que encabezó el trabajo técnico, explicó que el objetivo central fue combatir la sobrelegislación, un problema estructural de las democracias modernas que no siempre es visible para la opinión pública. Indicó que el exceso de normas hace aumentar el desconocimiento, favorece la discrecionalidad administrativa ante superposiciones legales, estimula la judicialización de conflictos y deteriora la calidad institucional.

El funcionario agregó que la metodología aplicada para determinar el desuso de una ley se basa en tres criterios: normas superadas por legislación posterior; leyes que han quedado obsoletas por el paso del tiempo o el avance tecnológico; y disposiciones vinculadas a organismos que ya no existen.

En cuanto a las etapas anteriores, explicó que la primera revisión abarcó el período 1896-1950, con 102 leyes analizadas y 75 derogadas, iniciativa que ya fue convertida en la Ley 9653. La segunda etapa comprendió los años 1951-1975, con 172 leyes revisadas y 91 derogadas. Con la tercera etapa, el total de normas analizadas asciende a 574, lo que equivale aproximadamente el 25% del marco jurídico provincial, evidenciando que el proceso continuará en fases posteriores.

Durante la presentación también dieron a conocer que esta nueva etapa añade una corrección a la primera ley aprobada, restituyendo la vigencia de la Ley 1118, que había sido derogada por error y resultaba necesaria para tareas de fiscalización del Ministerio de Producción.

Señaló que cuando existen más leyes de las necesarias aumenta la probabilidad de desconocimiento, tanto por parte de ciudadanos como de funcionarios y jueces, lo que deriva en menor cumplimiento.

Además, expresaron que la coexistencia de normas que regulan lo mismo lleva a interpretaciones contradictorias y amplía los márgenes de discrecionalidad.