El Gobierno de Mendoza anuló este viernes la sanción de cesantía que pesaba sobre un Oficial de la Policía de Mendoza por no haber sido notificado correctamente su derecho a defensa.

Se trata de Jorge Raúl Andrada Aldalla, quien había sido eyectado de la fuerza provincial en el 2022, aunque ahora el ministerio de Seguridad y Justicia a cargo de Mercedes Rus ordenó que el proceso administrativo regrese a su etapa inicial debido a irregularidades en la comunicación del sumario.

Según se desprende del decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial de Mendoza, el conflicto legal se originó cuando la Inspección General de Seguridad (IGS) intentó citar al oficial a una declaración indagatoria bajo el argumento de que desconocían su paradero. 

Sin embargo, Andrada Aldalla logró demostrar que la propia institución policial tenía pleno conocimiento de su domicilio real, ya que figuraba en su legajo y había sido utilizado para notificaciones previas. 

En tal sentido, en uniformado aseguró que esta omisión fue una violación directa al Artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza que nadie puede ser sancionado sin haber tenido la oportunidad real de defenderse.

Por tanto, el ministerio le dio la razón al sostener que estaba perfectamente identificado y su dirección era accesible.