El mes de enero comenzó con los mismos reclamos que los trabajadores vienen sosteniendo desde hace meses: negociación colectiva real y salarios dignos para todos los sectores. Frente a lo que denuncian como desidia y falta de voluntad política por parte del Gobierno, los gremios aseguran que continúan en estado de alerta y movilización, impulsados por las necesidades urgentes de las familias trabajadoras que sostienen el funcionamiento del Estado.

Según remarcan desde el sector sindical, el año 2026 arranca con un conflicto abierto desde mediados de 2025, cuando fracasaron las paritarias. En aquel momento, el Poder Ejecutivo se negó a otorgar aumentos salariales acordes al costo real de la canasta alimentaria, especialmente para una clase inicial, y condicionó cualquier mejora a la firma de una reforma laboral que los trabajadores califican como un retroceso de más de 70 años en derechos conquistados.

La reforma laboral, rechazada de plano, es señalada como una entrega inadmisible de derechos históricos. Desde la asociación sindical aseguran que no estuvieron ni estarán dispuestos a aceptarla, a diferencia de otros gremios minoritarios, a los que acusan de haber cedido ante el poder de turno.

Durante los últimos meses, asambleas, paros, huelgas y movilizaciones se multiplicaron en toda la provincia de Mendoza. Trabajadores de Salud, Desarrollo Social y Administración Central expresaron un descontento generalizado frente a lo que definen como políticas de ajuste, hambre y precarización laboral impulsadas por el gobernador Alfredo Cornejo.

En ese marco, los gremios denuncian que el Gobierno provincial desprecia al trabajador estatal, en sintonía —afirman— con las políticas nacionales que consideran regresivas y destructivas. También alertan sobre un avance en la privatización de servicios esenciales del Estado, especialmente en hospitales, centros de salud y organismos administrativos, lo que impacta directamente en las condiciones laborales y salariales.

Desde el plano gremial y jurídico, se realizaron numerosas denuncias ante cámaras laborales y la Fiscalía de Estado. Entre ellas, se destacan la inconstitucionalidad de la modificación del decreto ley 560 (Estatuto del Empleado Público), las objeciones a la reforma laboral en Salud, y el cuestionamiento al Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre el Gobierno y ATSA, al que califican como un compendio de irregularidades.

También reclaman el no pago de la productividad, el incumplimiento de normas de Seguridad, Higiene y Bioseguridad, la falta de pases a planta permanente —con más de 2.300 trabajadores precarizados— y la ausencia total de paritarias, mientras los salarios continúan por debajo de la línea de indigencia. A esto se suma una denuncia por mal desempeño de funcionarios públicos, con el ministro de Salud Rodolfo Montero entre los señalados.

Otro eje central del conflicto es la defensa de los recursos naturales, frente al avance de políticas que —según los gremios— benefician a la megaminería contaminante. Este reclamo se articula en conjunto entre ATE, CTA Autónoma Mendoza y diversas organizaciones sociales y sindicales.