Baja de edad de imputabilidad: una actualización necesaria pero insuficiente

Tanto la sociedad como la política argentina se encuentran en medio de un debate que viene de larga data y que tiene que ver con la reducción de la edad de imputabilidad. Si bien en un momento se habló de bajarla a los 15 años, hoy se busca que esa edad se reduzca aún más …

Nicolás Sanz

Tanto la sociedad como la política argentina se encuentran en medio de un debate que viene de larga data y que tiene que ver con la reducción de la edad de imputabilidad. Si bien en un momento se habló de bajarla a los 15 años, hoy se busca que esa edad se reduzca aún más hasta alcanzar los 13 años.

En esta línea, el Gobierno del presidente Javier Milei impulsó que en las sesiones extraordinarias que comenzarán a celebrarse el próximo 2 de febrero, inicie el tratamiento de la nueva Ley Penal Juvenil, una norma que parece tener un alto consenso colectivo en una sociedad harta de la delincuencia y la inseguridad.

No obstante, un análisis objetivo y pormenorizado revela que la medida, aunque pueda ser un ajuste jurídico coherente con la realidad delictiva actual, es una herramienta totalmente insuficiente para resolver el verdadero problema de fondo. 

Desde el oficialismo, y con total razón, sostienen que la normativa de 1980 es un anacronismo que no contempla la madurez tecnológica y social de los adolescentes de hoy, ni el modo en que el crimen organizado los utiliza como escudos de impunidad para cometer diversos delitos, incluyendo en casos ya no solo robos, sino hasta trafico de estupefacientes y asesinatos. 

En este sentido, establecer una responsabilidad legal temprana podría actuar como un disuasivo y, fundamentalmente, como un mecanismo de justicia para las víctimas que hoy ven cómo delitos graves quedan sin una respuesta clara y con una evidente y entendible sensación de injusticia. 

Sin embargo, la efectividad de esta baja de imputabilidad se desvanece si se la analiza de forma aislada, ya que la justicia penal es, por definición, una intervención tardía que llega cuando el tejido social ya está roto y el crimen en cuestión cometido. 

El peligro de centrar toda la estrategia de seguridad en un cambio de cifra en el Código Penal es caer en el populismo punitivo, ignorando que el ingreso prematuro de un joven a un sistema carcelario colapsado y carente de programas de reinvención personal suele funcionar más como una escuela del delito que como un espacio de resocialización. 

Si el Estado no acompaña esta reforma con una transformación radical de los institutos de menores, que hoy carecen de infraestructura y personal especializado, y si no se invierte de manera equivalente en programas que busquen educar al menor, la baja de la edad será apenas un paliativo cosmético, consiguiendo que, una vez libre, el menor vuelva a delinquir.

La experiencia regional en países con edades de imputabilidad menores muestra que, sin un abordaje integral, las tasas de criminalidad no descienden por el mero hecho de encarcelar a niños más jóvenes. 

En definitiva, la reforma puede ser útil para actualizar un marco legal vetusto y para dotar a los jueces de herramientas ante casos donde el delincuente es un menor de edad, lo que es un paso a favor, pero resulta una respuesta incompleta y simplista si no se asume que la verdadera seguridad se construye antes de que el delito sea cometido.

En otras palabras, la sola modificación de un número en el Código Penal no tiene la capacidad de disuadir a un joven que ya opera para bandas criminales o que creció en un entorno donde la delincuencia era la regla y no la excepción.

Para entender el fondo del problema y la falta de eficiencia de tal medida, solo es necesario apoyar el ojo en los países de la región que tienen una edad de imputabilidad más baja que la de Argentina. 

La experiencia de países vecinos como Uruguay o Chile ofrece una advertencia ineludible. En aquellos lugares donde la edad de imputabilidad es menor, la reincidencia sigue alcanzando niveles alarmantes, cercanos al 60% en contextos de violencia, cuando el sistema se limita a la privación de la libertad sin un acompañamiento sólido. 

El caso de Brasil es todavía más gráfico, donde el colapso del sistema penal juvenil transformó a los centros de detención en canteras de reclutamiento para grandes organizaciones narcocriminales, un espejo en el que Argentina no puede permitirse reflejarse, ya que termina agravando el problema en vez de solucionarlo. 

Por lo tanto, el debate que comenzará en el Congreso corre el riesgo de agotarse en una victoria dialéctica de corto plazo si no se aborda el fenómeno de la reincidencia desde la especialización. 

Para que la baja de la imputabilidad no sea simplemente una medida de populismo o una puerta de entrada más temprana a la profesionalización delictiva, debe venir acompañada de medidas que bien deberían comenzar a delinear los técnicos con los que cuenta el Ministerio de Seguridad en conjunto con el de Justicia.  

La estadística criminal indica que la incidencia de menores de 16 años en el total de delitos graves sigue siendo baja en términos porcentuales, lo que refuerza la idea de que la verdadera inseguridad se combate desarticulando a las cúpulas adultas.

Los datos duros expuestos por la Corte Suprema y procuraciones provinciales no dejan mentir al respecto. Los adolescentes (incluyendo menores de 16 y 17 años) son responsables de menos del 3% del total de delitos denunciados a nivel nacional.

Si se toma a la provincia de Buenos Aires por el mero hecho de ser la más populosa del país, los delitos cometidos por menores suman el 2,25% del total de las causas penales.

Otro de los datos llamativos se desprende de la información disponible sobre homicidios y delitos contra la vida. En 2024, sobre un total de 814, unas 70 causas involucraron a menores, un total del 8,6%.

Un año antes, en 2023, en la Justicia Nacional de menores se registraron 14 causas por homicidio o intento de homicidio. De ese total 5 llegaron a consumarse y otras 9 no (lo que, cabe aclarar, no lo hace menos grave).

El último dato a tener en cuenta es que aunque los delitos graves (asesinatos, narcotráfico, entre otros) cometidos por menores de 16 años tiene una alta visibilidad mediática, el peso real en la inseguridad nacional es mínimo, situándose por debajo del 1,5%.

O sea, bajar la edad de imputabilidad a los 13 años puede ser un acto de justicia para las víctimas y un ajuste necesario a la realidad del delito actual, un paso en el camino correcto,, pero sin un verdadero plan integral y una reforma profunda del sistema tutelar, la ley será una respuesta cosmética que llegará siempre tarde. 

No es que se esté en contra, todo lo contrario, pero la realidad es que el éxito de esta reforma no se medirá por cuántos menores ingresen al sistema penal, sino en cuánto se reduce estadísticamente la inseguridad.

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