En cada recorrida que hace Diego Santilli por las provincias que hoy dialogan o juegan de aliadas del Gobierno, el mensaje se repite: hay buena predisposición para apoyar la reforma laboral, pero también una larga lista de reclamos que la Casa Rosada no puede seguir ignorando.

Los gobernadores le dicen que sí a la llamada “modernización laboral”, como la bautizó Javier Milei, pero al mismo tiempo le marcan la cancha: la plata no llega, la obra pública está frenada, hay deudas con las cajas previsionales y mucho miedo de que la reforma, tal como está escrita, termine vaciando aún más las arcas provinciales.

Al ministro del Interior todavía le queda bastante interior por recorrer antes de que el proyecto llegue al recinto del Senado, algo que los libertarios quieren que ocurra el 11 de febrero.

En agenda, el ministro tiene reuniones con Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén). Después irá a ver al aliado Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y finalmente se sentará con Sergio Ziliotto (La Pampa), un peronista duro para negociar, pero que suele aflojar cuando están en juego los intereses concretos de su provincia.

El principal foco del conflicto está en el capítulo tributario de la reforma laboral. Varios mandatarios advierten que afecta directamente los ingresos provinciales. Puntualmente, el famoso artículo 190, que baja el impuesto a las sociedades del 30% al 27% y del 35% al 31,5%.

El problema es que ese impuesto se coparticipa, y los gobernadores ya sacaron la cuenta: menos alícuota, menos plata para las provincias.

Hay casos particulares, como el de Ignacio Torres (Chubut), que además de compartir la preocupación general, reclama ayuda concreta para combatir los incendios forestales que todos los años golpean a su provincia.

Desde la vereda opuesta, el kirchnerismo, el peronismo duro y la CGT se suben a este argumento para decir que no corresponde tocar temas impositivos en una reforma laboral, y que eso debería discutirse más adelante, cuando se encare una reforma tributaria integral.

Otros gobernadores, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero (Chaco), mantienen muy buen diálogo con la Casa Rosada y ven con buenos ojos la reforma, pero no dejan de exigir fondos para reactivar obras clave de infraestructura. Zdero, en particular, insiste con el segundo puente entre Chaco y Corrientes, además de otras obras pendientes.

El estado de las rutas del interior también aparece en todos los encuentros: son clave para las economías regionales y para el turismo, pero hoy están en estado crítico.

Atención especial merecen los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), que apoyaron el Presupuesto 2026 y se mostraron dispuestos a acompañar la reforma laboral, aunque piden cambios en el texto.

En la Casa Rosada tienen claro que Córdoba y Santa Fe son decisivas para juntar los votos. Todavía Santilli no se reunió con Martín Llaryora ni con Maximiliano Pullaro, que integran Provincias Unidas y mantienen fuertes diferencias con Milei.

El caso de Hugo Passalacqua (Misiones) es especialmente delicado. La provincia está ahogada financieramente, tuvo que aplicar ajustes y congelar ingresos al Estado. Necesita ayuda nacional, pero no puede darse el lujo de resignar coparticipación, como propone la reforma.

La presión de las provincias volvió a empujar al ministro de Economía, Luis Caputo, a la Mesa Política del Gobierno, en una reunión sin Milei. Tanto Caputo como Federico Sturzenegger se plantan: no quieren ceder nada en materia impositiva.

Patricia Bullrich, que encabeza las negociaciones en el Senado, arrancó alineada con esa postura, pero la realidad de conseguir los votos la obligó a ser más pragmática y empezar a evaluar algunos cambios para seducir a los aliados.

Su asesora, Josefina Tajes, conduce una comisión técnica en el Senado que escucha a favor y en contra de la reforma. Por ahora, el 11 de febrero sigue marcado en rojo como la fecha para lograr media sanción.

En Balcarce 50 estuvieron también Manuel Adorni, Martín Menem y otros funcionarios. Todos se fueron con la misma idea: Milei quiere que la ley salga, por ahora, sin cambios.

El Presidente comparte la mirada de Caputo: cree que la reforma va a generar más empleo y más ingresos, y que eso compensará la pérdida de impuestos coparticipables. Por eso, no está dispuesto a largar fondos si antes los gobernadores no le garantizan los votos.

Del otro lado, los mandatarios provinciales responden con la misma moneda: quieren hechos concretos, no promesas, antes de comprometerse en el Congreso. En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés ya reunió a los legisladores nacionales de su provincia para definir qué posición tomarán.

La CGT, mientras tanto, vuelve a quedar atrapada en sus internas. El sector dialoguista no quiere romper con el Gobierno para intentar modificar artículos, pero el ala más kirchnerista, con Abel Furlán (UOM) a la cabeza, se cortó solo y lanzó una convocatoria a paro y movilización al Congreso. Por ahora, sin demasiado respaldo.