El Gobierno de Mendoza comenzó el 2026 bajo un esquema de gestión de ajuste que el gobernador Alfredo Cornejo decidió institucionalizar para blindar las arcas provinciales ante un escenario nacional de extrema incertidumbre. 

El eje central de esta estrategia es el Presupuesto 2026, una hoja de ruta que contempla gastos por 5,9 billones de pesos y que fue diseñada bajo la premisa de la autosuficiencia fiscal. 

Sin embargo, detrás de este concepto del orden institucional, la administración mendocina enfrenta el desafío de compensar la pérdida de más de 45.000 millones de pesos anuales derivada de las reformas impositivas del Gobierno del presidente Javier Milei, específicamente por los cambios en el Impuesto a las Ganancias. 

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, fue el encargado de ejecutar un torniquete financiero, el cual congela el ingreso de personal a la planta del Estado -salvo en áreas críticas-, e impone un control microscópico sobre los gastos operativos, desde el uso de telefonía oficial hasta la renovación de bienes de capital. 

Esta rigidez fiscal busca garantizar el cumplimiento del superávit primario, una meta que Cornejo considera innegociable para mantener la autonomía política frente a la Casa Rosada, especialmente en un año donde la provincia debe afrontar vencimientos de deuda por más de 100 mil millones de pesos. 

Para gestionar estos compromisos, el Gobierno obtuvo la autorización para realizar un ambicioso roll over, lo que implica renegociar las condiciones de la deuda existente para evitar un ahogo financiero inmediato. 

No obstante, el ajuste no solo recae sobre las estructuras del Estado, sino que impactó de lleno en el bolsillo de los mendocinos con la entrada en vigencia de un boleto de transporte a 1400 pesos. 

Esta decisión tarifaria responde a la necesidad de aliviar los 292.000 millones de pesos que Mendoza destina anualmente en subsidios al sistema de transporte, una cifra que el Gobierno provincial ya no está dispuesto a sostener en su totalidad ante el recorte de fondos nacionales. 

En el plano electoral, este esquema de austeridad se convierte en la principal carta de presentación del oficialismo para las elecciones legislativas municipales de febrero próximo, donde Cornejo intentará revalidar su modelo frente a una oposición que cuestiona el costo social de estas medidas en seis departamentos mendocinos. 

Mientras tanto, el Gobierno provincial busca incentivar la economía mediante la Ley Impositiva 2026, que reduce alícuotas en Sellos e Ingresos Brutos para sectores estratégicos, en un intento por demostrar que el ajuste público puede convivir con el alivio fiscal privado. 

En otras palabras, Mendoza inició el año exhibiéndose como una suerte de laboratorio de disciplina fiscal, donde el éxito del presupuesto dependerá de la capacidad del equipo de Fayad para surfear la caída de la recaudación y la presión de una deuda que, aunque refinanciada, sigue siendo una sombra persistente sobre la autonomía provincial.