Un caso que generó fuerte impacto en el Valle de Uco llega a su etapa definitoria y enfrentará un juicio oral en los próximos meses: la Justicia mendocina busca determinar si una mujer intentó secuestrar a su propio nieto de 3 años para venderlo o si el niño fue entregado voluntariamente. El episodio ocurrió en Tunuyán durante junio del año pasado y conmocionó a toda la comunidad local.

Los acusados, una mujer de 37 años y su pareja de 28, ambos oriundos de la localidad de Embarcación, en Salta, permanecieron detenidos bajo la imputación de sustracción de menores, una figura penal que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión según la legislación vigente. En los últimos días, la defensa oficial decidió retirar la oposición a la elevación a juicio para que el caso se discutiera directamente en el debate oral.

La historia involucró a integrantes de una comunidad wichi que se radicaron temporalmente en el departamento cuando una joven de 18 años arribó a Tunuyán junto a su pequeño hijo e inició una relación sentimental con un hombre del lugar. La situación se tornó judicial cuando una cuñada de la joven denunció la existencia de mensajes que mencionaron una supuesta transacción por $14 millones para trasladar al niño de regreso a Salta.

Sin embargo, el teléfono celular que contenía dicha evidencia nunca se incorporó formalmente a la causa debido a que se extravió posteriormente. Según la hipótesis que sostuvo la Fiscalía, el 1 de junio la abuela y su pareja retiraron al menor mientras la madre lo entregó por temor, dadas las situaciones de violencia que marcaron su vida.

Por el contrario, la defensa planteó una versión completamente opuesta y afirmó que no existió ningún secuestro ni intención de venta. Los letrados aseguraron que la madre entregó voluntariamente al niño y que incluso les proporcionó ropa, alimentos y la documentación necesaria para el viaje. Además, sugirieron que la denuncia original pudo originarse por conflictos previos entre el entorno de la pareja de la joven y los familiares salteños.

Con estas dos posturas enfrentadas, el tribunal evaluará los testimonios y las pruebas recolectadas para dictar una sentencia definitiva. El debate oral buscará esclarecer si los acusados cometieron un delito grave contra la libertad del menor o si el hecho se trató de una disputa familiar judicializada.

Mientras tanto, el niño permanece bajo el resguardo de los organismos de protección correspondientes hasta que se resuelva la situación procesal de sus parientes.