El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien recientemente prohibió la difusión de audios supuestamente vinculados a Karina Milei, enfrenta nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura de las cuales cinco son por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.

Las acusaciones contra el juez son tan graves que, desde septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) solicitó la presencia policial en el juzgado para garantizar la seguridad de los empleados.

Los expedientes que pesan sobre el juez incluyen acusaciones de abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes relató haber sido abordada por Maraniello a menos de una semana de empezar a trabajar y afirmó que, por miedo a perder su empleo, accedió a un encuentro fuera del horario laboral, donde fue sometida a tocamientos y besos no consentidos. Incluso, llegó a tener relaciones sexuales con él para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes inapropiados a través de redes sociales, así como observaciones sobre su vestimenta y maltrato laboral. La víctima afirmó que necesitó medicación para soportar el entorno laboral y que sufrió depresión e incluso tuvo pensamientos suicidas, por lo que formalizó su denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral, que trasladó el caso a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli.

El proceso disciplinario está en curso, con la Comisión de Disciplina evaluando pruebas y testimonios. Por su parte, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres ya tomó las declaraciones de las víctimas, y el gremio judicial ha informado que ha logrado “conocer más y más casos” a través de entrevistas con empleados y ex empleados.

Tras el escándalo, la denuncia del Gobierno afirma que la difusión de los audios ocurre en un momento “estratégico”, coincidiendo con la campaña para las próximas elecciones. El oficialismo interpreta esta situación como parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado y generar un grave precedente en la política argentina, afectando la moral de la militancia y profundizando la crisis política si no obtienen un resultado favorable en las urnas.