La Suprema Corte dejó sin efecto una condena por pagos sin respaldo en Santa Rosa
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló una condena contable de más de 1,2 millones de pesos contra dos exfuncionarios de la Municipalidad de Santa Rosa. La decisión benefició a María Valeria Cabañez, exdirectora de Hacienda, y a Diego Franco Maures, exsecretario de Gobierno y Administración, quienes habían sido responsabilizados por pagos sin documentación …
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló una condena contable de más de 1,2 millones de pesos contra dos exfuncionarios de la Municipalidad de Santa Rosa. La decisión benefició a María Valeria Cabañez, exdirectora de Hacienda, y a Diego Franco Maures, exsecretario de Gobierno y Administración, quienes habían sido responsabilizados por pagos sin documentación durante la gestión 2013.
El origen del caso
El conflicto se inició a partir del fallo 16.673 del Tribunal de Cuentas, dictado en 2016, que formuló un cargo solidario de 1.206.906,68 pesos. Esa suma correspondía a pagos por 875.000 pesos realizados a la Asociación Lealtad para la organización de eventos, que el organismo consideró no comprobados por falta de respaldo documental válido.
Los exfuncionarios cuestionaron la resolución, argumentando que los gastos habían sido autorizados mediante decreto municipal, que los eventos efectivamente se concretaron y que en 2014 dejaron sus cargos sin posibilidad de defenderse adecuadamente debido a deficiencias en las notificaciones y a la falta de colaboración de sus sucesores.
Posturas enfrentadas
El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado defendieron la condena, sosteniendo que las erogaciones carecieron de requisitos legales, incluyeron pagos anticipados prohibidos y que los responsables debían rendir cuentas sin excepciones. El Procurador General también se pronunció en favor de rechazar la demanda.
El fallo de la Corte
La Sala Segunda de la Suprema Corte resolvió por mayoría. Los ministros Mario Adaro y Omar Palermo entendieron que existieron vicios graves en el procedimiento, especialmente en las notificaciones, que colocaron a los exfuncionarios en situación de indefensión. En disidencia, José Valerio votó por confirmar la condena.
Finalmente, el tribunal hizo lugar a la demanda, anuló el artículo 5° del fallo 16.673 que imponía el cargo solidario, e impuso las costas al Tribunal de Cuentas, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
