La salida definitiva de YPF de las áreas convencionales en Mendoza abrió un nuevo capítulo en la industria hidrocarburífera local. El propio gobernador Alfredo Cornejo advirtió que “no seremos tan ingenuos” en la próxima etapa de transferencia de concesiones, lo que implica un giro respecto de lo ocurrido en años anteriores.

El Sindicato de Jerárquicos del Petróleo de Cuyo venía reclamando desde hace meses una intervención activa del Estado provincial en los procesos de licitación de áreas maduras, con el objetivo de evitar despidos, abandono ambiental y falta de inversión. Hasta ahora, esos planteos no habían tenido eco.

Según recuerdan desde la organización gremial, la primera etapa del Plan Andes —cuando YPF transfirió áreas a operadores privados— se realizó “sin los controles adecuados”. El propio Cornejo, en un encuentro con el CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, reconoció esa falta de supervisión.

De cara al 2025, el Gobierno provincial anunció que se implementará un modelo de “licitación continua” para 15 áreas hidrocarburíferas, con mayores exigencias y fiscalización. La decisión abre una expectativa positiva en el sindicato, aunque advierten que la reacción llega tarde.

“Hace tiempo venimos alertando que el petróleo es un recurso estratégico para Mendoza y que el Estado debía garantizar la continuidad laboral y la sustentabilidad ambiental. Ahora, el Gobierno parece tomar cartas en el asunto”, expresó el secretario general del gremio, Julián Matamala. Y añadió: “Siempre pedimos que las licitaciones prioricen planes de inversión sólidos, estabilidad laboral y controles ambientales. Históricamente no se nos escuchó”.

El retiro de YPF, que concentrará sus recursos en Vaca Muerta y en dos áreas no convencionales de Mendoza, deja un vacío que deberán cubrir empresas de menor escala y con infraestructura limitada. Para el Ejecutivo, el desafío será avanzar hacia “un modelo menos dependiente de YPF”, sin repetir errores del pasado.

En este escenario, el sindicato de Jerárquicos considera clave que la intervención estatal sea real y sostenida en el tiempo, no solo para resguardar las futuras concesiones, sino también para garantizar la estabilidad laboral de miles de familias vinculadas a la actividad.

“El compromiso de nuestro gremio es seguir siendo la voz de los trabajadores y un actor clave en la defensa de una industria que, con la inversión adecuada, tiene un futuro prometedor”, concluyó Matamala.