A poco más de dos meses de la privatización, la relación entre IMPSA y el Gobierno nacional ya atraviesa su primer gran conflicto. La administración de Javier Milei mantiene una deuda de 18 millones de dólares con la firma de origen mendocino, por proyectos ya ejecutados y en plena vigencia. La falta de pagos generó un fuerte impacto financiero en la empresa, al punto que la Embajada de Estados Unidos decidió intervenir ante las autoridades nacionales.

Obras paradas y empleados cobrando en cuotas: Alfredo Cornejo le pidió a Milei por IMPSA

Los fondos adeudados corresponden a tres contratos estratégicos: la fabricación de turbinas para la represa binacional de Yacyretá, el desarrollo de componentes para el reactor nuclear CAREM 25 y la modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) 2C. Todos ellos son compromisos firmados con diferentes áreas del Estado argentino.

El retraso de los pagos no solo afecta la relación contractual, sino que está repercutiendo de lleno en la operatividad de la empresa.

En las últimas semanas, IMPSA se vio obligada a fraccionar el pago del aguinaldo y comenzó a revisar su dotación de personal ante la falta de liquidez.

Desde la empresa señalan que ya desembolsaron unos 7 millones de dólares para iniciar el proceso de capitalización tras la venta, y presentaron además un plan de reestructuración para afrontar una deuda de 560 millones. Sin embargo, aseguran que el funcionamiento diario depende de la inyección de fondos que deben provenir de esos contratos vigentes con el Estado nacional.

Tanto el Gobierno de Mendoza como la diplomacia estadounidense siguen de cerca la situación. En caso de que no se destraben los pagos, IMPSA podría iniciar acciones legales y cancelar los contratos, lo que pondría en jaque el cumplimiento de los proyectos involucrados y dañaría la imagen de la Argentina como socio confiable.

Además, la crisis financiera impacta en los planes de expansión internacional. Actualmente, la firma busca posicionarse en una licitación clave en Estados Unidos para la construcción de grúas portuarias, con vistas a 2026. Ese eventual contrato, de concretarse, podría representar una vía de alivio económico si no se resuelve el conflicto con la Nación en el corto plazo.

El caso no solo amenaza la viabilidad de IMPSA, sino que instala una señal de alerta sobre la primera privatización impulsada por el Gobierno libertario, que había presentado la operación como un modelo para replicar en otras empresas estatales.