El Gobierno del presidente Javier Milei avanza en la eliminación de la aplicación del régimen de Zonas Frías que contaba con beneficiarios en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se trata de una reducción en la boleta de gas que beneficia a unas 4.300.000 personas en todo el país, de las cuales poco más de 200 mil residen en suelo mendocino. ¿De qué manera podrá afectarlos?

Cabe señalar que el régimen fue ampliado en 2021 bajo la presidencia de Alberto Fernández, cuando en un principio se trataba de un beneficio más reducido que alcanzaba a un total de 800 mil familias.

Es algo incluso a lo que hizo alusión la senadora nacional por Mendoza de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti que destacó que con esta medida “Solo lo conservarán los 800.000 hogares patagónicos del régimen original. ¿Y los demás? A abrigarse como puedan”.

En diálogo con Diario Mendoza Today, el economista mendocino Sebastián Laza explicó que “si se elimina esta ampliación, los hogares que hoy cuentan con el beneficio comenzarían a pagar tarifas plenas, lo que pondría las cosas más apretadas aún en cuanto al poder adquisitivo del salario”.

Sin embargo, aclaró: “Igual creo que el sistema necesita una revisión, porque hay excesos en cuanto a la gente que recibe” el beneficio. “Se sabe que algunos reciben hasta el 50% de descuento, otros un poco menos. Se perdería eso”, añadió.

Según destacó Laza en diálogo con este medio, “se comenta que el régimen no distingue con claridad el ingreso socioeconómico de los hogares beneficiados y que además parte de la financiación se realiza a través de un recargo que pagan todos los usuarios”.

Según pudo saber Diario Mendoza Today, efectivamente el régimen de zonas frías se financia principalmente a través de un recargo en las tarifas de gas de todos los usuarios del país, que se destina a un fondo fiduciario.

Este fondo administra los recursos para subsidiar el consumo de gas en las áreas donde las temperaturas son bajas y el consumo de gas es elevado. El gobierno también puede realizar aportes directos al fondo, aunque esto ha sido objeto de debate y ajuste.

La necesidad de realizar esta modificación radica, según el gobierno, en las intenciones que viene demostrando de generar ahorros en las arcas públicas teniendo en cuenta que le costará al Tesoro este 2025 unos 300 millones de dólares extra.