Fuerte reclamo en Mendoza por los derechos de las personas con discapacidad: “Hay un sistema que no funciona”
Con carteles, aplausos y un mensaje tan firme como urgente, trabajadores del ámbito de la discapacidad, familiares y referentes de distintas organizaciones se movilizaron este jueves hasta la explanada de la Legislatura de Mendoza. Lo hicieron para visibilizar una crisis que, aseguran, lleva años profundizándose: recortes, demoras en pagos y falta de actualización de aranceles …
Con carteles, aplausos y un mensaje tan firme como urgente, trabajadores del ámbito de la discapacidad, familiares y referentes de distintas organizaciones se movilizaron este jueves hasta la explanada de la Legislatura de Mendoza. Lo hicieron para visibilizar una crisis que, aseguran, lleva años profundizándose: recortes, demoras en pagos y falta de actualización de aranceles que afectan tanto a las personas con discapacidad como a quienes trabajan con ellas.
La movilización -acompañada de un paro a nivel nacional- fue pacífica pero su reclamo no pasó desapercibido en las calles del centro mendocino. A través de pancartas y consignas, los manifestantes denunciaron que se trata de un problema estructural, agravado por la falta de políticas públicas sostenidas y una burocracia que termina por excluir en lugar de incluir.
“Es un sistema que no funciona. Queremos políticas reales, no discursos”, expresó una de las referentes presentes en la concentración. También se pidió por el cumplimiento efectivo de los tratamientos, el acceso a la educación inclusiva, transporte y una vida digna para miles de personas que dependen de estas prestaciones.
“Las obras sociales priorizan negocios antes que personas”
Aunque el reclamo fue principalmente ciudadano, algunas voces políticas acompañaron la manifestación. Desde el Partido Verde, el diputado provincial Emanuel Fugazzotto y el presidente del espacio, Mario Vadillo, recibieron a los manifestantes y expresaron su apoyo. Criticaron el desfinanciamiento del sistema y apuntaron contra la red de intermediarios que —según afirmaron— entorpece la llegada de fondos a quienes realmente los necesitan.
“Las obras sociales priorizan negocios antes que a las personas, y los recursos quedan atrapados en un circuito que no resuelve las necesidades urgentes”, dijo Vadillo.
En ese contexto, los legisladores presentaron un proyecto para realizar una encuesta provincial sobre discapacidad, a cargo de la DEIE, con el fin de relevar la situación actual del colectivo y diseñar políticas públicas basadas en datos reales.
“Sin información confiable, las políticas públicas son solo discursos vacíos”, añadió Fugazzotto, al insistir en la necesidad de decisiones basadas en evidencia.


