La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, quedó expuesta este lunes al publicar en redes sociales un insólito mensaje en su cuenta de X, en el que exigía a la Justicia “máxima calificación y dura pena” para el hombre detenido por el violento asalto a una empleada de kiosco en Godoy Cruz. Sin embargo, el posteo fue eliminado minutos después y ya no se encuentra disponible en los canales oficiales del Gobierno.

“La Policía de Mendoza, tras trabajos de PDI e Inteligencia, detuvo al delincuente que esta mañana agredió violentamente a la trabajadora de un kiosco. Máxima calificación y dura pena pediremos, dada la tamaña alevosía y menosprecio por la vida que exteriorizó este sujeto”, decía el mensaje publicado por la cuenta oficial de la ministra de Seguridad y que divulgó Prensa del Gobierno, en nombre de la ministra. Poco después, cuando este diario intentó acceder al tuit, ya había sido eliminado sin explicaciones.

El hecho ocurrió este lunes a las 7.30 en un kiosco ubicado en calle Hipólito Yrigoyen casi San Martín, en Godoy Cruz. Un hombre se hizo pasar por cliente, saltó el mostrador, tomó por el cuello a la empleada y la arrastró hacia el fondo del local, donde la golpeó brutalmente. Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia.

Tras una intensa búsqueda durante la mañana, la Policía logró capturar al sospechoso al mediodía, en la Cuarta Sección de Ciudad, en calle Santiago del Estero. La detención fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Seguridad.

Competencia del Poder Judicial

Aunque el mensaje de la ministra buscaba mostrar una respuesta política contundente ante la conmoción social que generó el hecho, su rápida eliminación abrió interrogantes sobre el motivo del repliegue. La publicación no solo anticipaba la voluntad del Ejecutivo de impulsar una condena ejemplar, sino que parecía sugerir una injerencia directa en decisiones que competen al Poder Judicial.

Hasta el momento, desde el Gobierno no han dado explicaciones formales sobre por qué se retiró el mensaje. Mientras tanto, el detenido permanece a disposición de la Justicia y la víctima se recupera de las lesiones físicas y el trauma emocional provocado por la agresión.

En Argentina, el Poder Ejecutivo no tiene facultad legal para imponer ni exigir una pena específica a la Justicia. La Justicia es un poder independiente y autónomo, encargado de juzgar los hechos según la ley y las pruebas.