Este jueves, el Senado rechazó los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, los candidatos que había propuesto el gobierno de Javier Milei, para completar las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, y le puso fin así a una novela que llevaba 11 meses.

El pliego de García-Mansilla cosechó 51 votos en rechazo, 20 adhesiones y cero abstenciones; mientras que el de Lijo tuvo 43 en contra, 27 acompañamientos y una abstención. De esta manera, la Cámara alta obturó el camino de ambos hacia el máximo tribunal.

A partir de ahora se abre otra instancia aún más delicada: García-Mansilla ya juró “en comisión” tras un decreto del Ejecutivo y habrá una fuerte discusión posterior sobre su estadía en el máximo tribunal de justicia, tras lo consumado esta noche por los integrantes de la Cámara alta, el lugar natural para definir este tipo de cuestiones.

Repudio del Ejecutivo

La Oficina del Presidente Javier Milei repudió la decisión del Senado de la Nación, al considerar que la negativa se fundamenta en intereses políticos y no en la idoneidad de los candidatos.

“Durante el último año los senadores tuvieron a disposición los pliegos de los Dres. Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa vigente”, señaló el comunicado oficial difundido desde Casa Rosada.

La administración libertaria acusó a los legisladores de haber “dilatado la votación durante meses” y de haber antepuesto “la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes” a la normalización del máximo tribunal, afectando de ese modo el funcionamiento institucional del Poder Judicial.

El Gobierno remarcó que se trata de la primera vez en la historia que el Senado rechaza pliegos presidenciales para la Corte “por motivos meramente políticos”, lo que a su juicio “evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”.

“Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”, disparó el comunicado, en línea con la retórica confrontativa del oficialismo hacia el Congreso.

En ese marco, la Oficina del Presidente sostuvo que “la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia” y advirtió que mientras la dirigencia política busque protegerse penalmente, “el derecho a la justicia continuará limitado”.

Finalmente, el Ejecutivo ratificó que el presidente Milei “continuará trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos”.