Las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Mendoza que prestan servicios a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI), emitieron un comunicado en las últimas horas donde expresan su “profunda preocupación por la interrupción de la atención traumatológica en todas sus modalidades (ambulatoria, cirugías programadas y urgencias), llevada adelante de manera coordinada, conjunta y unilateral por equipos de Traumatología en la provincia”. 

Este accionar, según el mismo documento, “ha implicado, en los hechos, la suspensión de servicios esenciales para un grupo de pacientes que representa el sector más vulnerable del sistema de salud argentino. El uso de mecanismos de presión que colocan a los pacientes como rehenes constituye un grave atentado contra la salud pública y vulnera principios éticos y sanitarios fundamentales. En el marco de esta situación crítica, se convocó a una mesa de diálogo en la cual participaron representantes de las instituciones de salud, del Ministerio de Salud de la Provincia —que se ofreció como mediador— y delegados de los traumatólogos”.

Acto seguido, se reveló que en dicho ámbito “se presentó una propuesta concreta por parte de las clínicas, acorde a los valores de mercado vigentes en la provincia, y que excede ampliamente nuestra capacidad económica, con el único objetivo de sostener la atención a nuestros pacientes. Lamentablemente, esta propuesta fue rechazada de manera unánime por los equipos en conflicto”.

En el comunicado, al cual tuvo acceso Diario Mendoza Today, destacaron que “las clínicas y sanatorios no fijamos ni definimos los valores de los aranceles, los cuales son establecidos por el INSSJP. Por lo tanto, no somos formadores de precios ni generadores de la actual situación”. 

Y culminaron explicando: “Sostenemos que no es posible entablar un diálogo legítimo bajo medidas extorsivas ni con los pacientes como rehenes de un reclamo sectorial. Para avanzar en una solución real y sostenible, es imprescindible que los equipos de Traumatología levanten de inmediato la suspensión de los servicios y acepten el plazo de 60 días propuesto en el Ministerio de Salud para la resolución del conflicto”.