Recientemente, la Suprema Corte de Justicia, es decir, el máximo tribunal de Mendoza rechazó el último recurso que había sido presentado para permitir a los presos tener teléfonos celulares. El 7 de abril no deberá quedar ningún móvil en poder de los reclusos.

Sin embargo, haciendo un recorrido por las redes sociales, Diario Mendoza Today descubrió que algunas mujeres privadas de su libertad del pabellón de mujeres de la cárcel de Cacheuta, se dedican a hacer videos para subir a la red social TikTok con total tranquilidad. Los videos dejan deslizar la duda de si las autoridades están al tanto de la situación o directamente hacen la “vista gorda” a este tipo de hechos. 

En Mendoza, la inauguración de nuevos penales recibe gran atención, mientras que áreas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad no parecen tener la misma prioridad. La inversión en infraestructura carcelaria contrasta con las necesidades insatisfechas en otros sectores esenciales para la sociedad. Esta situación genera cuestionamientos sobre las prioridades de los funcionarios, quienes frecuentemente destacan estas obras mientras persisten promesas incumplidas en otras áreas clave.

Hacemos historia…

Fue en 2023 que el entonces ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, acompañó a la comitiva del gobierno nacional, incluido Alberto Fernández, para la recorrida de las modernas instalaciones de la cárcel federal.

En el año 2018 ya se había habilitado el sector de hombres, con capacidad de 760 plazas y superficie cubierta de más de 23 mil metros cuadrados.

Luego, quedaron habilitados el nuevo ingreso principal, el área de pre egreso, con 32 plazas para los condenados que están por cumplir su pena, el casino de penitenciarios, el área de servicios generales, estacionamiento, edificios administrativos, el comando central de seguridad, y el pabellón de mujeres, con 112 plazas.

En Campo Cacheuta

La cárcel de Campo Cacheuta pasó a tener 512 plazas: 368 de varones, 112 de mujeres y 32 de pre egreso.

La ejecución -que generó 300 empleos directos– comenzó en marzo de 2011 pero en 2016 los trabajos se ralentizaron por cuestiones presupuestarias y a finales de ese año el contrato quedó rescindido, por lo que las tareas se paralizaron durante el año 2017.

A partir de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Gobierno de Mendoza, en 2018 la obra se reinició. En noviembre de 2020 –pandemia de por medio-, se finalizó el sector de varones y en noviembre de 2022 se completó el área para alojamiento de mujeres y de régimen abierto.

La obra permitió la ampliación de la infraestructura carcelaria para el Servicio Penitenciario Federal, dado que permite aumentarla y modernizarla, y contribuye a dar respuesta a la problemática de alojamiento de personas condenadas o procesadas a disposición de la Justicia Federal con asiento en Mendoza, que previamente eran transferidas a cárceles provinciales o comisarías.

Además, se convirtió en el quinto establecimiento federal que aloja mujeres y agregó una nueva región de cobertura en el país, dado que se suma a las dos unidades destinadas a esta población en Ezeiza, provincia de Buenos Aires; General Güemes, Salta; y Santa Rosa, La Pampa.

El uso de celulares en las cárceles

La decisión del uso de celulares en la cárceles data del gobierno de Alberto con motivo de la pandemia de coronavirus. Más tarde, cuando cesó la prohibición de circulación de personas, esa decisión fue prorrogada y en Mendoza ya pasó por distintas instancias judiciales y motivó la intervención de la Suprema Corte, por segunda vez en este caso.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia en etapa denominada de Casación Horizontal respondió al planteo del Ministerio Público de la Defensa fechado el 22 de octubre junto con la ONG Asociación Verdad y Justicia Mendoza.

Ambas instituciones atacaron una resolución anterior de la Corte por entender que era “arbitraria y contradictoria”. La falta de comunicación para las personas privadas de libertad fue el eje de las presentaciones.

La Corte rechazó las presentaciones de Casación y de Inconstitucionalidad in limine -es decir desde el comienzo, sin analizar las cuestiones de fondo- por considerarlas improcedentes.

José Valerio, en su voto disidente, expresó que el uso de celulares en las cárceles impone un supuesto de “gravedad institucional” por restricción de derechos fundamentales de los presos.