¿Por qué no sabemos cuántos impuestos provinciales pagamos cuando vamos al súper?
El 16 de enero pasado, Alfredo Cornejo recibió una carta formal de Lógica, una asociación sin fines de lucro y sin intereses partidarios, orientada a transparentar el Régimen Fiscal nacional, provincial y municipal a los consumidores. Le pedían concretamente que Mendoza adhiriera a la nueva ley argentina que exige a los comercios discriminar y exponer …
El 16 de enero pasado, Alfredo Cornejo recibió una carta formal de Lógica, una asociación sin fines de lucro y sin intereses partidarios, orientada a transparentar el Régimen Fiscal nacional, provincial y municipal a los consumidores. Le pedían concretamente que Mendoza adhiriera a la nueva ley argentina que exige a los comercios discriminar y exponer en el ticket de compra qué parte del precio final corresponde al pago de impuestos. Es decir, con cuánto se queda el Estado por cada peso que gastamos.
La organización Lógica se creó en 2022, por el contexto político de la época, sin demasiadas esperanzas de avanzar en sus objetivos: transcurría el gobierno de Alberto Fernández, cuando la obediencia partidaria (peronista, en este caso) se compensaba con algún subsidio, cargo público y funciones sin contraprestación clara. Recaudar y gastar, ésa era la clave.
Asumido Javier Milei en la Presidencia, no tardó demasiado en que la iniciativa se convirtiera en ley nacional. “Ahora es el turno de las provincias”, viene comentando Matías Olivero Vila, presidente de Lógica. Vale decirlo: hasta comprender los alcances de la propuesta, algunos comerciantes se sintieron molestos, porque “nos agregan otra exigencia con todos los problemas que tenemos”. Los más grandes, como los supermercados, alistaron sus sistemas enseguida, para contar al cliente cuánto de la cuenta final correspondía al IVA (impuesto nacional). Pero en el mismo recibo advierten: “No hay información sobre impuestos provinciales”.
Mendoza, que hace alarde de orden y transparencia, respondió a Olivero Vila el 27 de febrero, a través de una carta firmada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. En esa respuesta, el funcionario asegura que la Administrarción local “comparte el espíritu perseguido con la sanción del régimen, reconociendo que las medidas de transparencia activa promueven la confianza en los gobiernos y mejorarn el vínculo entre el Estado y la ciudadanía”.
Sin embargo, prefieren debatir el tema antes de tomar una decisión concreta, en conjunto con el resto de los gobiernos provinciales y también conversar con el sector privado para alcanzar acuerdos consesuados.
En el fondo, Cornejo no quiere que le pase con las cargas impositivas lo que le acaba de pasar a la ministra Mercedes Rus con el índice y la cantidad de delitos. Por ser buenos alumnos e informar en tiempo y forma, “terminamos perdiendo en las estadísticas nacionales”, dicen con respecto a los que “esconden” la información para no dar tan mala imagen. Justamente, el reciente y más concreto caso es el de las denuncias de delitos, donde Mendoza aparece más insegura que ciertos distritos del Gran Buenos Aires -por ejemplo- donde los mismos vecinos dicen que “ya no se puede vivir”.
“En Mendoza, la inseguridad ha crecido en los últimos tiempos, aunque no para tanto. Pero después aparecemos en los títulos de las noticias nacionales entre los más inseguros, cuando lo que pasa es que los demás no informan la verdad y así se salvan”, coinciden en responder en ese gabinete. “Van a decir… qué cara es esta provincia, mientras los otros ocultan todo”.
En todo este tiempo y en silencio, se mostró interesado en el tema el diputado provincial Guillermo Mosso (PRO y aliado a Cambia Mendoza), quien redactó un proyecto de ley para que Mendoza adhieriera a la ley nacional. Sin embargo, le pareció “razonable” la postura del gobierno provincial y se alineó con ella. Espera así cuando llegue el momento propicio para debatir el asunto en la Legislatura.
En 2023 Lógica había propuesto a los entonces cinco candidatos presidenciales un compromiso de impulsar un régimen que visibilizara los tributos nacionales, provinciales y municipales en los tickets, “para que los consumidores tengan información clara y transparente sobre los tributos que soportan en cada compra”.
Ese compromiso fue refrendado por Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. Finalmente, el electo Presidente impulsó dicho régimen, sancionado luego por la Ley 27.743 de Medidas Fiscales. Y fue reglamentado en diciembre pasado por la RG 5614 de ARCA y se ha puesto en vigencia desde el 1 de enero pasado.
El 17 de enero de 2024, Lógica -aclara la entidad- fue convocada como única expositora de dicho régimen ante la Comisión Plenaria de la Cámara de Diputados de la Nación. Este régimen cuenta con el antecedente de Brasil (ley 12.741), donde desde 2012 se visibilizan en los tickets la incidencia de los tributos nacionales, provinciales y municipales.
A modo de ejemplo, el diario porteño Ambito Financiero publicó a fines del año pasado un informe basado en el IARAF (Instiuto Argentino de Análisis Fiscal), titulado “Cuánto pesan los impuestos en el precio de los combustibles”.
De esa fuente compartimos el siguiente párrafo: “La carga tributaria indirecta sobre el consumo de nafta súper en Argentina sigue siendo un componente clave del precio final que pagan los consumidores, aunque ha mostrado variaciones significativas en los últimos años. Un informe reciente del IARAF revela que, para noviembre de 2024, el peso de los impuestos sobre la nafta súper alcanza el 55% en la Ciudad de Buenos Aires y el 56% en el interior del país”.
Aunque Cornejo anuncia que algunos impuestos provinciales están bajando, como consumidores, siempre vale la pena saber dónde va la plata que tanto nos cuesta ganar.


