Este viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno privatizará Corredores Viales. “Será bajo la modalidad de concesión obra publica por peaje”, adelantó. “La privatización de las empresas publicas es irremediable”, recordó.

“A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios“, completó.

Corredores Viales S.A. es una empresa concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales con capital social íntegramente estatal, cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas, que posee el 51%, y Vialidad Nacional, con el 49%. Se ocupa de “gestionar la infraestructura y el tránsito” de los caminos concesionados “con el fin de brindar un servicio de calidad”, destacan en su sitio web.

Se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías en las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa estatal es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.

Como sea, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en donde asegura que a pesar de que en Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, anteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitaria que le costó a nuestro país solo en 2023 unos $301.000 millones.

“Relevamientos realizados por este Gobierno detectaron que hay 3.400 kms de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionados por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular”, completó.

El mismo texto advierte que existe “una clara muestra que la administración estatal de la red vial no funciona, y que no es el rol del Estado la gestión de las autovías”. En ese sentido se aclaró que desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje.