Las principales entidades del mundo del vino salieron a la cancha y metieron una acción de amparo para frenar las últimas desregulaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). ¿El motivo? La eliminación de dos controles claves: el Certificado de Ingreso de Uvas (CIU) y la Declaración Jurada CEC 05.

Según contó a diario Ámbito Financiero José Zuccardi, presidente de Coviar, estos instrumentos “son esenciales para garantizar la trazabilidad y tener estadísticas confiables”, datos que después usa todo el sector para tomar decisiones.

La presentación se hizo ante la Justicia Federal de Mendoza y la firmaron Acovi, UVA, AVM y Carpa, cuatro entidades de peso dentro de la vitivinicultura. El pedido es simple: volver a hacer obligatorio el CIU y la CEC 05, que desde la resolución 37/2025 pasaron a ser optativos.

Esa resolución —publicada el 6 de noviembre— eliminó nada menos que 973 normas del INV, en línea con la política de desregulación impulsada por el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Si bien muchos actores del sector bancaron el “alivio burocrático”, marcaron un límite claro: el CIU y la CEC 05 no pueden desaparecer.

“Están desregulando el vino como si fuera acero o soja. Pero el vino es un producto vivo, con identidad y origen. Esta medida puede romper décadas de trabajo institucional, generar informalidad y hasta bajarle la recaudación al Estado”, advirtió Zuccardi.

Zuccardi también aseguró que no se agotó el diálogo con Economía ni con Desregulación, y que incluso los gobernadores de provincias vitivinícolas pidieron formalmente que se dé marcha atrás. Aun así, las entidades acudieron a la Justicia para no dejar pasar los plazos.

Pidieron una cautelar para frenar la resolución. Si les dan la razón, la cosecha 2026 seguirá con el sistema tradicional. Si no, desde el 1° de enero regirá el nuevo esquema: controles mínimos, certificaciones voluntarias y declaraciones juradas digitales como única garantía de origen.

Desde el sector remarcan que el CIU es la única constancia real que certifica cuánta uva entra al lagar, con detalles de peso, variedad y condiciones. Además, señalan que tiene aval de todos los actores —“hasta de los gremios”— y que garantiza estándares internacionales de control y transparencia.

Para muchos productores, perderlo es como apagar el GPS de toda la cadena vitivinícola.

El 28 de noviembre, los ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy mandaron una nota a Luis Caputo. Allí dejaron claro que apoyan la simplificación del Estado, pero no a costa de la calidad y la seguridad del vino.

Pidieron explícitamente que vuelvan el CIU y la CEC 05, dos herramientas históricas del sistema. Hasta ahora, nadie les respondió.