La decisión de disolver organismos estratégicos como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los intentos sistemáticos por desmantelar Vialidad Nacional, exigen un análisis que trascienda la narrativa oficial de la austeridad. 

Bajo la bandera de una supuesta lucha contra la corrupción y la búsqueda de una eficiencia administrativa, el Gobierno parece haber adoptado una estrategia que, lejos de sanear las instituciones, revela una profunda incapacidad para gestionarlas. 

El argumento es tan recurrente como peligroso: ante la presencia de irregularidades, la solución no es la reforma, el control o la justicia, sino la eliminación total de la estructura. 

Esta postura no solo desampara a la ciudadanía, sino que funciona como una confesión tácita de que el Estado, bajo la actual conducción, se siente impotente para garantizar la honestidad en sus propias filas.

En el caso de ANDIS, la disolución y el traspaso de funciones al Ministerio de Salud se producen en un clima de extrema sospecha de hechos de corrupción que vincularían incluso a las altas esferas del poder. 

Las denuncias que vinculan a exfuncionarios del área con pedidos de sobornos a laboratorios y esquemas de retornos en la compra de medicamentos de alta complejidad han minado la legitimidad de la gestión. 

Sin embargo, la respuesta que brinda el Gobierno Nacional de cerrar el organismo en lugar de intervenirlo con cuadros técnicos intachables resulta, cuanto menos, alarmante. 

Se utiliza el escándalo -uno que para colmo nace dentro de la tropa propia- como el combustible necesario para avanzar en un ajuste que afecta directamente a 1,5 millones de beneficiarios. 

Aquí, la corrupción no es el enemigo a vencer, sino la excusa perfecta para centralizar recursos y eludir la responsabilidad de gestionar políticas públicas destinadas a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Una dinámica idéntica se observó con Vialidad Nacional cuando el Gobierno utilizó el peso de las históricas causas de corrupción sobre la obra pública (hecho por el que la ex presidenta Cristina Kirchner hoy se encuentra cumpliendo condena) para justificar el la disolución del ente.

No obstante, la suspensión de esta medida por parte de la Justicia puso de manifiesto la falta de idoneidad y previsión de la medida. Al intentar desmantelar un organismo con más de 90 años de historia técnica, el Gobierno no propuso un sistema más transparente, propuso un vacío. 

La incapacidad para diseñar pliegos de licitación limpios o para auditar eficazmente eficientemente las rutas llevó a una decisión impulsiva que hoy mantiene en vilo la conectividad del país y la seguridad de quienes transitan las rutas nacionales.

En última instancia, esta metodología de disolver lo que no se sabe administrar plantea una crisis de idoneidad política sin precedentes. Gobernar implica la tarea compleja de construir institucionalidad, establecer mecanismos de control robustos y designar funcionarios por su mérito y ética. 

Cuando el Poder Ejecutivo opta por el cierre masivo alegando que “todo es corrupto”, está admitiendo que carece de las herramientas políticas y morales para sanear lo público. 

La lucha contra la corrupción se convierte así en una pantalla de humo. Se agita el fantasma de la malversación para ocultar una retirada del Estado de sus funciones esenciales. 

Al final del día, el mensaje que se envía a la sociedad es desolador: el Gobierno no está interesado en que las cosas funcionen bien, simplemente prefiere que dejen de existir para no tener que dar explicaciones sobre sus propios fracasos en la transparencia.