La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se presentó este marts ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados, y explicó los alcances del proyecto que busca la modificación del procedimiento de flagrancia en el Código Procesal Penal de Mendoza.

Esta actualización tiene por objetivo agilizar los trámites judiciales en los casos en los que una persona es detenida mientras comete un delito o inmediatamente después, durante su persecución. 

En primer término, Rus explicó que para que un delito sea considerado flagrancia, deben darse algunas condiciones, como que el delincuente sea sorprendido intentando robar, por ejemplo, en el momento de cometerlo o inmediatamente después; mientras es perseguido por la fuerza pública o mientras tiene en su poder los objetos robados que evidencien que acaba de perpetrar un delito.

Además, para aplicar procedimiento de flagrancia la pena del delito no debe superar los 20 años. “El sistema de cámaras ha sido clave en la mejora de este procedimiento. Tenemos intervenciones derivadas de las alertas generadas por cámaras, alarmas comunitarias y detectores de patentes, dijo la ministra, que estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, y el director general de Policías, Marcelo Calipo.

Las cámaras de seguridad no solo posibilitan la identificación de los delincuentes, sino que facilitan la captura en tiempo real. Según la funcionaria, esto permite que la policía actúe rápidamente cuando un sospechoso es sorprendido con objetos robados.

En lo referido a la utilización de la tecnología, destacó el crecimiento de la infraestructura de seguridad en Mendoza. “El número de vistas de cámaras con reconocimiento de patentes en la provincia, alcanza en 2025 los 92 millones de vistas. Estamos comenzando con el reconocimiento facial también”, sostuvo.

Y también destacó la integración de cámaras municipales y privadas, así como las alarmas vecinales conectadas al 911.

Reorganización clave

Una de las reformas clave de la iniciativa es la modificación interna del Ministerio Público Fiscal, que deberá diagramar equipos especializados para el impulso y soporte técnico de las causas de flagrancia. “La asignación de un fiscal particular al sistema de flagrancia es fundamental porque le da especialidad al tratamiento, lo que permitirá un abordaje más rápido y eficiente”, afirmó Rus. Además, la propuesta establece que la Suprema Corte y los organismos de gestión deberán actualizar sus protocolos para garantizar que los plazos previstos en la ley sean cumplidos en toda la provincia.

La reforma también reorganiza los plazos y etapas del proceso de flagrancia para evitar dilaciones en casos de menor complejidad. “La reforma busca darles razonabilidad a los plazos, para que los fiscales tengan el tiempo necesario para reunir pruebas y, a su vez, establece plazos máximos para evitar la dilación, fortaleciendo respuestas más rápidas, tanto para las víctimas como para el sistema de seguridad en general“, añadió Rus.

Una respuesta eficaz en delitos

El proyecto de reforma pretende dar una respuesta más efectiva a delitos de menor escala pero de alto impacto social, como el robo de ruedas, celulares, cobre y medidores. “Es necesario que los jueces tengan las garantías necesarias para imponer penas más contundentes en delitos como estos“, señaló Rus. A través de esta reforma, se busca que el sistema judicial brinde a estos delitos el espacio que merecen, a la vez que se agiliza el proceso para mejorar la respuesta a las víctimas.

Refuerzan el sistema penitenciario

En lo que refiere a la infraestructura penitenciaria, Rus adelantó que antes de que termine el año se abrirá la licitación para la construcción de la cárcel Almafuerte III, destinada a delitos de menor gravedad. “Con esta nueva cárcel, los jueces podrán imponer penas más firmes, y estaremos garantizando que el sistema penitenciario esté preparado para hacer frente a estos casos“, concluyó Rus.